El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este miércoles su intención de impulsar una reforma constitucional destinada a reforzar las competencias del Estado en materia de seguridad y ampliar las herramientas disponibles para combatir el crimen organizado y el terrorismo en el país.
Durante un discurso dirigido a la nación, el mandatario aseguró que su Gobierno enviará al Congreso Nacional una iniciativa para establecer de forma explícita en la Constitución que la protección de la seguridad de las personas constituye un deber del Estado.
«Vamos a enviar al Congreso Nacional una reforma constitucional que consagre sin ambigüedad que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen«, afirmó Kast.
El presidente sostuvo que la reforma permitirá al Estado disponer de mayores capacidades para hacer frente a la delincuencia y aseguró que su objetivo último es que los ciudadanos «recuperen su libertad», mientras que los delincuentes y narcotraficantes «la perderán para siempre». En este sentido, defendió que la protección de la población debe dejar de ser una alternativa política para convertirse en una obligación constitucional.
Más de 30 medidas contra el crimen organizado
En paralelo al anuncio de la reforma constitucional, Kast informó de que ha instruido al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para trabajar junto al Congreso en la aprobación de una batería de medidas contra la delincuencia.
El paquete, denominado Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), estará integrado por más de 30 proyectos de ley, algunos de los cuales ya han sido presentados ante el Parlamento. El presidente manifestó su intención de que las principales herramientas de la agenda sean aprobadas «en el menor tiempo posible» y, en particular, antes de Navidad.
«Espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitan recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes», señaló.
Según Kast, en Chile operan actualmente diez organizaciones de crimen organizado transnacional. Para hacer frente a estas estructuras, el Ejecutivo plantea reforzar la presencia policial en los sectores considerados más conflictivos del país.
Una de las principales medidas será el despliegue policial permanente en los 50 barrios considerados más críticos, mediante un dispositivo que incluirá mayor presencia de agentes, patrullaje y uso de tecnología.
Ampliación de la flagrancia y refuerzo del control migratorio
Entre las reformas anunciadas también figura la ampliación del periodo de flagrancia, que pasaría de 12:00 a 24:00 horas. El objetivo, según el presidente, es proporcionar a la Policía un margen de actuación mayor para detener a los responsables de delitos.
Kast también anunció medidas destinadas a reforzar el control migratorio. Entre ellas, mencionó la denominada «retención migratoria ilegal» y una mayor capacidad para ejecutar expulsiones de personas que, según el Gobierno, no tengan derecho a permanecer en territorio chileno.
El plan contempla asimismo una intensificación de la persecución de personas prófugas de la Justicia y un mayor control de las fronteras. Para ello, el Ejecutivo prevé recurrir a zanjas, drones y sistemas de monitoreo tecnológico permanente con el objetivo de impedir el ingreso irregular al país.
«Vamos a identificar y perseguir a los prófugos de la Justicia que llevan mucho tiempo al margen de la ley y vamos a seguir reforzando el control de nuestras fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente para que nadie entre a Chile por donde no corresponde», afirmó Kast.
Protección jurídica para las fuerzas de seguridad
El presidente también anunció medidas destinadas a reforzar la protección jurídica de los agentes de seguridad. Kast aseguró que ningún carabinero, policía, gendarme o integrante de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, ya sea para proteger su propia vida o la de un tercero, será tratado por la legislación «como si fuera un delincuente».
El paquete de medidas contempla además endurecer la respuesta frente a determinados actos que puedan obstaculizar la circulación. Kast señaló que una barricada, un vehículo atravesado en una calle o cualquier otro obstáculo utilizado para bloquear ilegalmente una vía podría constituir un delito.
Asimismo, el mandatario planteó un endurecimiento de las penas contra quienes involucren a menores de edad en actividades criminales. En particular, advirtió que quienes recluten a niños para disparar armas, transportar drogas o realizar labores de vigilancia se enfrentarán a penas agravadas y sin atenuantes.
Con estas iniciativas, el Gobierno de Kast pretende convertir la seguridad en uno de los principales ejes de su agenda legislativa y dotar al Estado de mayores competencias para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
