Los Cardenales venezolanos Baltazar Porras y Diego Padrón, en un texto titulado Una reflexión fraterna y en comunión ante la realidad nacional, afirman que el 28 de julio el pueblo «votó abrumadoramente contra Maduro». Subrayan así la necesidad de apoyar al pueblo venezolano, que se siente «adolorido y burlado» en medio de esta crisis.
Al inicio de la reflexión, identifican los elementos clave para analizar el fraude electoral. Aseguran que «el proceso electoral del pasado 28 de julio no cristalizó a favor del líder del partido de Gobierno». El pueblo, con una mayoría abrumadora, se manifestó de manera cívica y ejemplar en contra de Maduro y demandó un cambio en la orientación general del régimen.
Considerando la relevancia internacional reciente, los cardenales creen que, aunque Maduro entregue actas manipuladas, esto no podrá ocultar la imagen global del fraude. También sostienen que la proclamación irregular de un supuesto ganador constituye una «usurpación técnica».
El deber de la Iglesia: «Defender la verdad, sentirnos pueblo y acompañarlo»
Dentro de Venezuela, varios obispos han mostrado preocupación por los reclamos y amenazas de algunos gobernadores y alcaldes oficialistas hacia los sacerdotes. Temen que estos sean los primeros indicios de un estilo de gobierno similar al de Nicaragua, que podría intensificarse en el futuro cercano.
Como pastores, los cardenales consideran que su deber es «defender la verdad, sentirnos pueblo y acompañarlo». Así, rechazan la neutralidad y se comprometen a denunciar injusticias y proclamar principios y valores. Enfatizan la necesidad de discernir el momento presente como un kairós y actuar con valentía, al igual que los apóstoles.
De esta manera, proponen formar, con prudencia y autonomía, la Comisión de Justicia y Paz para proteger los derechos humanos, la dignidad de las personas y el bien común. Piden que la gente no perciba a la Iglesia como lejana o indiferente a sus necesidades, asegurando que la actuación de la Iglesia debe ser subsidiaria, basada en buenos oficios y no en mediación.
Ante la posibilidad de que Maduro sea legitimado por diversos grupos, incluidas iglesias y confesiones religiosas, los cardenales denuncian que esto sería «inadmisible» porque ignoraría el fraude evidente, la usurpación manifiesta y desconocería la soberanía popular expresada. Defienden, por tanto, que surge un deber moral de apoyar y sostener las justas iniciativas que, en el espíritu de las Bienaventuranzas, buscan «responder al mal con el bien y ser artífices de paz en la esperanza de que la verdad nos hará libres».
