La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano cambió este miércoles la condición de testigo a investigado al comunista Pedro Castillo, luego de que éste no acudiera a tres citaciones que el grupo de trabajo del Parlamento le hizo en el marco de la investigación de las presuntas reuniones clandestinas del mandatario con empresarios y altos funcionarios en un domicilio privado, lejos de los sistemas de seguridad y transparencia.
“Hoy se ha decidido variar su condición de testigo a investigado. Será nuevamente citado en los próximos días”, escribió en Twitter el congresista Héctor Ventura Ángel, presidente de la comisión.
En declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), Ventura señaló que la comisión varió la condición de testigo a investigado «con el fin de, eventualmente, señalar contra el presidente posibles responsabilidades penales y constitucionales en el informe final que vamos a emitir desde la Comisión de Fiscalización”.
Además, el titular de la comisión parlamentaria precisó que la decisión de su grupo de trabajo «es parte del debido procedimiento, pues a un testigo no se le puede determinar posibles infracciones […] no sin antes realizar una investigación preliminar».
Por el caso Sarratea -nombre de la calle donde se ubica el domicilio que frecuentaba Castillo-, la Comisión de Fiscalización ya ha citado a algunas personas que visitaron la casa para que rindan sus declaraciones, como el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco -hoy prófugo de la justicia, la empresaria Karelim López -aspirante a colaboradora eficaz- y los exministros Juan Carrasco y Juan Silva, este último también no habido desde que se filtró a la prensa unos audios donde se le compromete en haber recibido un soborno.
La Casa Sarratea
En octubre de 2021, el dominical Cuarto Poder de América Televisión reveló las supuestas reuniones secretas del comunista Castillo en esta casa ubicada en el distrito limeño de Breña, donde despachó los primeros días de su Gobierno y que luego, ante los cuestionamientos por la falta de transparencia en la función pública por parte de la oposición e instituciones, debió mudarse a Palacio de Gobierno, sede oficial del Poder Ejecutivo.
La desconfianza hacia el jefe de Estado y sus reuniones irregulares en este domicilio se vio justificada luego que, tras visitar a Castillo tanto en Sarratea como en Palacio de Gobierno, la empresa que asesoraba Karelim López ganó un contrato de S/ 232.5 millones por la obra Puente Tarata III.
Líder de una organización criminal
Para el Ministerio Público, Castillo es responsable por presuntamente favorecer al consorcio Puente Tarata III, junto con otras compañías, en procesos de licitación de obras públicas. Por lo mismo, se le indaga por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Estos señalamientos han provocado que el poco respaldo popular que tenía se haya desmoronado, pues una encuesta elaborada por Ipsos para América Televisión arrojó este domingo que el 62% de los peruanos consideran que debería retirarse del cargo.
Además, un 70% desaprueba su Gobierno, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con el pasado enero en que su desaprobación era de 60%.
Por otro lado, el 60% de los peruanos aprueba que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abriera una investigación fiscal en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
