La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha denunciado este martes ante la Comisión de Fiscalización que las acusaciones en su contra sobre una presunta participación en una trama de corrupción en el seno del Ministerio Público son una «venganza política» del Gobierno.
«Quiero ser enfática en aclarar que no existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. Por el contrario, he luchado contra el uso político de la función fiscal», ha señalado Benavides, que vincula su imputación a la denuncia constitucional prevista contra el primer ministro, Alberto Otárola.
«No solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia«, ha reprochado la fiscal Benavides, que además tacha de «calumniosa» su imputación, según recoge la emisora andina RPP.
La fiscal Benavides ha sido acusada de formar parte de una supuesta red criminal en el seno del Ministerio Público con el que habría tratado de influir de manera irregular en la designación de una serie de cargos. La propia Fiscalía y la Policía han puesto en marcha una investigación por presunto tráfico de influencias.
La organización delictiva, teóricamente liderada por Benavides, habría maniobrado para designar, entre otros, al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérres; o para facilitar la inhabilitación de la anterior fiscal general, Zoraida Ávalos.
