La Fiscalía General de Brasil ha denunciado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a otra treintena de personas por intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022, en la que ha sido la primera denuncia contra un exjefe de Estado del país iberoamericano por intentar atentar contra el Estado de derecho.
El procurador general, Paulo Gonet, ha acusado a un total de 34 personas por «incentivar y ejecutar actos contra los Tres Poderes y contra el Estado democrático de derecho», en referencia al asalto de enero de 2023 por parte de una turba de seguidores del expresidente que protestaban por el resultado electoral. En particular, los denunciados han sido acusados de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado con violencia y amenaza grave contra bienes y con perjuicio considerable de la víctima, y deterioro del patrimonio.
«Las acusaciones se basan en documentos, archivos digitales e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. Y describen con todo detalle el complot conspiranoico montado y ejecutado contra las instituciones democráticas. La organización tenía como líderes al presidente y su candidato a vicepresidente», reza un comunicado.
Según la denuncia, durante el mandato del Bolsonaro, este «adoptó un tono creciente de ruptura con la normalidad institucional en sus reiteradas declaraciones públicas, en las que expresó su descontento con decisiones de tribunales superiores y con el sistema electoral electrónico vigente». «Esa escalada ganó un mayor impulso cuando (…) Lula, visto como el contendiente más fuerte en la carrera electoral, se volvió elegible, debido a la anulación de sus condenas penales», reza el documento.
Asimismo, ha señalado que «los involucrados mantuvieron su retórica de fraude y mantuvieron su activismo con campamentos instalados frente a cuarteles del Ejército en varias capitales del país», mientras que «la organización criminal presionó» a altos cargos del Ejército, «escribiendo cartas y agitando a compañeros a favor de acciones de fuerza en el escenario político para impedir que el presidente electo asumiera el cargo».
