La Fiscalía de Guatemala pidió al Supremo del país que le retire la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, en medio de acusaciones por supuesto abuso de autoridad y usurpación de atribuciones por parte del primer mandatario centroamericano.
En concreto la nueva pugna entre la Fiscalía y el presidente tiene su origen en una denuncia del presidente de la organización Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quien alega que el Ejecutivo guatemalteco ha incurrido en «pagos ilegales» a constructoras; un señalamiento que estaría respaldado por audios en los que se escucha a Arévalo reprochar a su exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega por no efectuar las transferencias de dinero a un listado de empresas.
«Hemos podido establecer entonces que el señor Presidente (…) es la principal persona que fomenta la corrupción y la impunidad en Guatemala«, dijo el fiscal Rafael Curruchiche sobre este asunto.
La veracidad de esta grabación fue confirmada por el propio Areválo quien arremetió contra el fiscal Curruchiche alegando que estos pagos se ajustan a la legalidad del país y que es normal realizarlos una vez que son ejecutadas obras ordenadas por el Estado.
