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ESTÁ ACUSADO DE FORMAR PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La Interpol emite una orden de detención contra el exministro de Transportes de Perú

El exministro de Transporte de Perú, Juan Silva. Twitter

La Interpol emite una orden internacional de busca y captura contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, acusado de participar en una organización criminal para favorecer a una serie de empresas en la licitación de contratos de obras públicas.

El nuevo ministro de Interior de Perú, Dimitri Senmache, ha informado de que la orden de detención fue tramitada el sábado 11 de junio, apenas tres días después de que la Fiscalía General ordenara su arresto. «Hemos estado detrás de esta orden de Interpol para que 194 países puedan tener presente que esta persona está siendo buscada a nivel mundial», explicó Senmache.

Senmache ha señalado que el objetivo de las autoridades es evitar que Silva Villegas abandone Perú, pues confían en que todavía siga en territorio nacional. «Nosotros pensamos que sí y estamos haciendo la búsqueda dentro del país», dijo.

Silva Villegas no es el único antiguo alto cargo del Gobierno peruano que está en paradero desconocido después de ser acusado de corrupción, también es el caso del exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco; así como dos sobrinos del presidente, Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo.

Las autoridades peruanas perdieron la pista de Silva Villegas el pasado 4 de junio, después de que dos días antes no acudiera a declarar ante la Fiscalía, que ha ofrecido una recompensa de 50.000 soles (más de 12.6000 euros) a quien pudiera dar información que facilite su arresto.

Según la Fiscalía, dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Silva Villegas formaría parte de una organización criminal liderada por el presidente Castillo, con la participación de otros funcionarios del Despacho Presidencial y de Provías Nacional y Provías Descentralizado, y empresarios, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

El caso aborda la adjudicación de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (52 millones de euros) a este consorcio, después de que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.

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