Un juez argentino ha ordenado procesar a ocho altos cargos iraníes y del partido-milicia chií libanés Hezbolá acusados de participar en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires que en 1994 se cobró la vida de 85 personas.

La resolución del juez federal Daniel Rafecas, de más de 600 páginas, impone además embargos por 500 millones de dólares a cada uno de los acusados, procesados en ausencia por encontrarse en el extranjero.

El documento judicial concreta que la decisión de perpetrar el atentado se tomó en agosto de 1993 por orden de las máximas instancias del régimen iraní y fue encomendada a Hezbolá, que organizó su ejecución a través de una red de apoyo en América Latina.

Los responsables compraron la furgoneta Renault Trafic utilizada en el atentado el 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. El vehículo fue utilizado el 18 de julio para perpetrar el ataque, que provocó 85 muertos, 151 heridos y graves daños materiales.

Los hechos fueron considerados como homicidios y lesiones reiteradas por el atentado a la AMIA, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.

Rafecas ha calificado además el atentado como un crimen de lesa humanidad y lo ha enmarcado también en la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional.