Los Mossos d’Esquadra han detenido a cincuenta personas en Cataluña durante una macrooperación contra una organización criminal que llevaba años obteniendo beneficios millonarios mediante la tramitación fraudulenta de permisos de residencia y trabajo para inmigrantes procedentes de Pakistán. La trama, que operaba desde 2019, había conseguido ingresar más de 3,2 millones de euros gracias a la colaboración de empresarios que proporcionaban contratos laborales ficticios para facilitar la llegada de extranjeros a España.
Según una información publicada por ElCaso.cat, entre los arrestados figuran siete presuntos integrantes de la organización y 43 empresarios que colaboraban con ella, aunque los investigadores han identificado a un total de 47 empresarios presuntamente implicados en las irregularidades. Eran de origen pakistaní y estaban establecidos en distintas localidades catalanas.
La investigación ha permitido descubrir un negocio que cobraba hasta 30.000 euros por inmigrante a cambio de conseguir la documentación necesaria para trasladarse desde Pakistán a España. Los responsables ofrecían un servicio que incluía visados, autorizaciones de residencia, empadronamientos y contratos laborales que, en numerosas ocasiones, no respondían a puestos de trabajo reales.
Para sostener este sistema, la organización contaba con la colaboración de propietarios de restaurantes, tiendas de alimentación, talleres mecánicos y empresas de reformas. Estos empresarios aportaban documentación de sus negocios y simulaban necesidades de contratación para justificar ante la Administración la incorporación de trabajadores extranjeros. A cambio, recibían compensaciones económicas.
El entramado también había encontrado otra fuente de ingresos entre los inmigrantes que ya residían irregularmente en España. A estos les exigía cantidades de hasta 8.000 euros por conseguir contratos de trabajo que les permitieran solicitar su regularización administrativa.
Los investigadores han constatado que, una vez obtenidos los permisos, muchos de los empleos prometidos desaparecían o ni siquiera llegaban a materializarse. En determinadas ocasiones, los extranjeros eran incorporados a actividades laborales en condiciones de extrema precariedad, con indicios de posibles situaciones de explotación.
La documentación intervenida revela la magnitud del negocio. Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la organización presentó 224 solicitudes de contratación en origen, de las cuales 108 recibieron una respuesta favorable. Únicamente mediante estos expedientes autorizados, los investigadores calculan que la trama consiguió recaudar más de 3,2 millones de euros.
Esta cantidad, además, no contempla los ingresos procedentes de solicitudes rechazadas, expedientes archivados o contratos fraudulentos destinados a inmigrantes que ya se encontraban dentro del territorio español.
La operación policial se desarrolló los días 26 y 27 de octubre y movilizó a 81 agentes de la División de Investigación Criminal. Las actuaciones se concentraron principalmente en Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, aunque también se practicaron arrestos en Sabadell, Terrassa, Vic y otros municipios.
El descubrimiento de la trama se produjo después de que los agentes examinaran los dispositivos informáticos intervenidos en una gestoría de Barcelona durante otra investigación policial iniciada en febrero de 2024. Aquella documentación permitió identificar una estructura organizada que coordinaba desde Cataluña la captación de inmigrantes en Pakistán y su posterior entrada en España.
La investigación, dirigida judicialmente desde Barcelona, atribuye a los principales sospechosos presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Tres integrantes del entramado han ingresado en prisión, mientras que las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
Los Mossos consideran que se trata de la mayor investigación desarrollada hasta la fecha por la policía catalana contra una red dedicada a la obtención fraudulenta de permisos de residencia y trabajo.
