La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha alertado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la «erosión» de las libertades y el estado de derecho en Nicaragua.
«El silencio de las voces críticas persiste en un contexto de miedo y hostigamiento generalizado por parte de las autoridades, que casi no dejan espacio para ningún debate público abierto e inclusivo», ha subrayado, agregando que en los meses de abril y mayo las autoridades llevaron a cabo «oleadas» de detenciones a defensores de Derechos Humanos, opositores, periodistas y religiosos.
En este sentido, ha informado de que el 3 de mayo al menos 63 personas fueron detenidas «de forma arbitraria» y 55 de ellas fueron acusadas de socavar la integridad nacional. «Estos delitos son utilizados habitualmente para criminalizar a los opositores políticos y el trabajo legítimo de los defensores de los Derechos Humanos», ha recordado.
Asimismo, Al Nashif ha precisado que a un total de seis nacionales nicaragüenses se les prohibió ingresar a Nicaragua. Su oficina, ha señalado, también ha documentado «obstáculos para obtener pasaportes por parte de familiares de cualquier persona que se oponga al Gobierno».
«Estas medidas han resultado en separaciones familiares, con un impacto significativo en los menores afectados. Otras medidas, como la confiscación de bienes, incluidos bienes privados, pensiones, cuentas bancarias, han afectado negativamente a más de 300 personas privadas de su nacionalidad, así como a sus familiares», ha alertado.
Por otro lado, ha destacado que desde marzo, un total de 119 organizaciones no gubernamentales y ocho universidades han sido canceladas, mientras que también ha puesto sobre la mesa la «persecución» contra la Iglesia Católica, recordando el caso del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por conspiración y desacato a la autoridad, entre otros cargos.
