El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere hacer realidad su sueño socialista de reformar al Estado. Ya propuso la reforma sanitaria, la pensional y la laboral; y ahora va por la educativa, la de los servicios públicos y la del código minero.
La reforma laboral fue rechazada en el Congreso, y aunque Petro insiste en su aplicación, va abriendo caminos paralelos para que las otras reformas sean aprobadas; la educativa es la que en los últimos días ha estado en la palestra.
El pasado 20 de julio la ministra de Educación, Aurora Vergara, dio a conocer el primer borrador de la reforma a la Ley 30 que es la norma más importante y que afectaría directamente a las Instituciones de Educación Superior (IES).
De acuerdo con el gobierno de Petro, la reforma tiene como objetivo habilitar al Estado para disponer de recursos adicionales destinados a fortalecer las instituciones de educación superior estatales y fomentar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes, así como mejorar la calidad integral de la educación. Pero la propuesta legislativa ha generado grandes preocupaciones en el sector por la falta de claridad en el texto del borrador.
Uno de los temas más relevantes es que la propuesta determinaría el monto de dinero que el Estado deberá destinar anualmente a las IES; sin embargo, no se explican cómo se distribuirán los recursos, a excepción de una referencia a indicadores de equidad interinstitucional, que aún no se desarrollan en el texto.
Según la exministra de Educación, María Victoria Angulo, la reforma «deja muchas preguntas» por las pocas referencias a las instituciones privadas, que actualmente representan aproximadamente el 50 % de la matrícula en el país.
«Preocupa el poco alcance que se le da a la rendición de cuentas y a la inspección y vigilancia en la propuesta. También es desconcertante la omisión de los exámenes de Estado, un tema que necesita ser explicado. La supresión del alcance de las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) es otra cuestión que genera preocupación, ya que esta instancia debe proporcionar garantías y facilitar amplias discusiones en temas importantes como la creación de instituciones», señala la exministra en un artículo publicado en Semana.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también criticó la reforma y asomó que fue elaborada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
«Es de suponer, como en el caso de la reforma laboral, que esta iniciativa fue elaborada por Fecode para así terminar de “privatizar” la educación en manos de ese sindicato», dijo.
Algunos cambios propuestos en la reforma
Uno de los más importantes cambios que propone el Gobierno está relacionado con el Instituto de Crédito Educativo y de Estudios Técnicos en el Exterior (IceteX), en el que se incluye un proceso a través del cual se buscará liberar a los actuales deudores de los compromisos con esta entidad.
Actualmente, el Icetex cuenta con recursos de rentas propias, aportes del presupuesto de la Nación, recursos de ahorro educativo y líneas de crédito nacional e internacional, con el aval del Gobierno nacional, pero la reforma busca derogar todo esto y quitarle al Icetex el protagonismo que le da la ley vigente.
Además, entre las propuestas también se le da prioridad a la atención gratuita integral de la primera infancia hasta los 6 años, añadiendo un componente de atención en casa con la red de jardines infantiles.
También propone ampliar a toda Colombia los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud (CLANES) y asoma la posibilidad de que el Gobierno establezca nuevos grados en la educación media.
También se proponen cambios en el Plan de Alimentación Escolar y en los procesos de acceso a la Educación Superior.
A medida que la propuesta se vaya socializando con especialistas en la materia, se darán a conocer los detalles y riesgos que acarrearían la aprobación de esta reforma.
