«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
VICTIMIZACIÓN DE LA IZQUIERDA IBEROAMERICANA

Lawfare: el pretexto del Grupo de Puebla para defender a criminales

II encuentro del Grupo de Puebla. Twitter

Cerrando el 2022, específicamente el 29 de diciembre, el Grupo de Puebla publicó un comunicado en su portal con el fin de respaldar el secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por parte de las fuerzas de seguridad de Bolivia, y a la vez “alertar sobre la ola de desinformación desatada por grupos radicales de derecha en torno al cumplimiento de una orden de aprehensión emitida contra” Camacho.   

No habían pasado dos días desde su detención ilegal cuando ya el Grupo de Puebla había emitido una nota justificando su detención. Se trata, sin duda, de una doble moral, puesto que cuando la justicia actúa contra alguno de sus aliados, inmediatamente salen a defenderlo, como ocurrió recientemente con el expresidente del Perú, Pedro Castillo, o con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner.

La desfachatez del Grupo de Puebla es tan grande, que ha creado un grupo jurídico denominado “Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia” (CLAJUD), encabezado por el juez prevaricador español Baltasar Garzón. El CLAJUD ha acuñado el término de guerra jurídica o “lawfare” para catalogar la actuación de los tribunales. Si los jueces fallan a favor de sus integrantes o en contra de sus adversarios, entonces se trata del cabal cumplimiento de la Constitución; pero si condenan a sus aliados, se trata de lawfare, aunque existan abundantes pruebas que avalen la decisión, o aunque el delito se haya cometido ante los ojos del mundo entero, como ocurrió cuando Castillo quiso disolver el Congreso del Perú en un mensaje televisado.

De hecho, el Grupo de Puebla ha colgado en su página web varios libros sobre el lawfare, entre ellos, “Lawfare en América Latina, la guerra jurídica en el contexto de la guerra híbrida”, y “El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos”; este último elaborado por el Ministerio de Justicia argentino.

En realidad, el lawfare no es otra cosa que la “narrativa”, según la cual se cambian hechos incontrovertibles por opiniones izquierdistas. Tal es el caso de la visión que presentan los autores del texto titulado “El lawfare estadounidense como herramienta de control de recursos naturales: la Operación Lava Jato en Brasil y el caso Petrobras”.  Este texto, que aparece como un capítulo del último libro arriba mencionado, alega descaradamente que la Operación Lava Jato fue un invento para perjudicar a Lula da Silva y a otros dirigentes izquierdistas iberoamericanos; añadiendo además, que se trató de una maniobra de Estados Unidos para quedarse con los recursos naturales de nuestra región.

Según los autores del capítulo, Larissa Odreski Ramina y Lucas Silva de Souza, “la lucha estadounidense contra la corrupción enmascara los verdaderos intereses imperialistas del país. Esta cruzada se operacionaliza con la ayuda de tribunales nacionales y extranjeros y grandes grupos de comunicación que, por un lado, tratan la corrupción como un problema inherente a los proyectos de desarrollo de los gobiernos progresistas y, por otro, proclaman la eficiencia y transparencia del sector privado en detrimento del sector público”. En resumen, la izquierda puede ser corrupta y delincuente, porque el hecho de ser “progresista” justifica su comportamiento.

¡Amorales es lo que son!

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