Nicolás Maduro afrontó sus últimas semanas en el poder convencido de que aún tenía margen para negociar con Estados Unidos. Así lo reconstruye una extensa investigación publicada por The New York Times, basada en testimonios de altos funcionarios chavistas, colaboradores cercanos y fuentes estadounidenses que siguieron de cerca el desenlace del pulso entre Caracas y Washington.
Mientras una flotilla de buques de guerra estadounidenses se posicionaba en el Caribe y el Pentágono preparaba distintos escenarios —incluida su captura o eliminación— el dirigente venezolano celebraba el fin de año en Caracas con un reducido grupo de familiares y aliados. Según los testimonios recogidos, compartieron platos tradicionales como hallacas y pan de jamón, escucharon gaitas y enviaron mensajes de felicitación a altos cargos del régimen. Para su entorno inmediato, la amenaza de una incursión directa parecía lejana.
El punto de inflexión llegó el 21 de noviembre, cuando Maduro y Donald Trump mantuvieron su única conversación telefónica conocida. De acuerdo con las fuentes citadas, la llamada fue breve —entre cinco y diez minutos— y sin acuerdos concretos. Trump esperaba que el líder venezolano planteara un calendario claro para abandonar el poder. Maduro, en cambio, interpretó el tono cordial como una señal de que había ganado tiempo para negociar. Esa divergencia de lecturas desencadenó una cadena de acontecimientos que desembocaría semanas después en la operación militar.
En Washington, la percepción fue distinta. Según funcionarios estadounidenses, la actitud despreocupada del mandatario venezolano fue interpretada como una falta de seriedad ante una situación que la Casa Blanca consideraba límite. A partir de ese momento, se intensificó la presión: sanciones reforzadas, destrucción de embarcaciones vinculadas al narcotráfico y, finalmente, un bloqueo parcial al petróleo venezolano que paralizó buena parte de las exportaciones del país.
El 10 de diciembre, Estados Unidos dio un paso más al interceptar un petrolero cargado con crudo venezolano, iniciando una fase de asfixia económica que llevó al sector energético al borde del colapso. La industria petrolera, principal fuente de ingresos del país, comenzó a cerrar pozos ante la imposibilidad de almacenar y comercializar el crudo. La situación financiera se volvió crítica.
En paralelo, intermediarios trasladaron a Maduro mensajes inequívocos. Un empresario brasileño con contactos en Washington le comunicó que debía abandonar el poder de inmediato. Posteriormente, a través del Gobierno turco, se le ofreció la posibilidad de exiliarse sin persecución judicial ni confiscación de bienes. Según la reconstrucción publicada, el líder chavista rechazó todas las propuestas.
Internamente, el régimen se encontraba erosionado. La negativa a reconocer los resultados de las elecciones de 2024 —ampliamente cuestionadas— había debilitado su legitimidad internacional y agudizado divisiones en el seno del chavismo. El ala dura, encabezada por figuras como Diosdado Cabello, apostaba por reforzar la represión y el control estatal. Delcy Rodríguez, que acumulaba poder como vicepresidenta y responsable económica, advertía del inminente colapso financiero.
Las tensiones externas agravaron también la dependencia de Caracas respecto a Cuba. En los primeros once meses del año, el envío de petróleo a la isla se había valorado en alrededor de 2.000 millones de dólares sin retorno financiero directo para Venezuela. Aun así, Maduro se negó a cortar el suministro, interpretándolo como un compromiso político e ideológico con el legado de Hugo Chávez.
En las semanas previas al desenlace, el dirigente redujo su exposición pública, limitó desplazamientos y reforzó su círculo de seguridad ante el temor a infiltraciones y traiciones. Canceló celebraciones habituales, redujo apariciones en directo y evitó eventos multitudinarios. Sin embargo, seguía convencido de que, en el peor de los casos, Estados Unidos optaría por ataques limitados contra infraestructuras energéticas o bases vinculadas al narcotráfico, no por una ofensiva directa sobre Caracas.
La madrugada del 3 de enero desmintió ese cálculo. Aeronaves estadounidenses atacaron varias bases militares, neutralizaron a la guardia presidencial y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La operación, que implicó un despliegue masivo de medios aéreos, dejó más de un centenar de muertos entre efectivos venezolanos y cubanos, según las fuentes citadas del diario neoyorkino.
Delcy Rodríguez, que se encontraba fuera de Caracas en ese momento, recibió una llamada de autoridades estadounidenses advirtiendo de que nuevos ataques serían inminentes si no cooperaba. Tras exigir pruebas de que Maduro seguía con vida, aceptó asumir provisionalmente la jefatura del Estado.
Dos días después, el exmandatario comparecía ante un tribunal federal en Nueva York acusado de narcotráfico. Ante el juez declaró que seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela y se definió como «prisionero de guerra».
La reconstrucción dibuja el final de un régimen que durante más de una década logró resistir sanciones, protestas masivas y conspiraciones internas, pero que terminó cayendo por una combinación de aislamiento internacional, crisis económica y una grave subestimación de la determinación de Washington.
