El 2 de enero de 2025 entró en vigor el Decreto 1148/2024, una medida emblemática del gobierno de Javier Milei que establece que, por cada nuevo trabajador contratado por el Estado argentino, será obligatorio despedir a tres empleados públicos. Este sistema, que afecta a todos los ministerios y organismos, tiene como objetivo «optimizar los recursos del Estado» y ajustar las plantillas a las necesidades reales del sector público.
Cualquier contratación adicional requerirá, además, la aprobación previa del Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, a través de su Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública. Con este paso, el gobierno busca garantizar un mayor control sobre la expansión de personal en las instituciones públicas.
La reducción de la plantilla estatal ya muestra cifras significativas. Según datos oficiales, el número de empleados públicos pasó de 343.353 en noviembre de 2023 a 305.688 en octubre de 2024, lo que equivale a un recorte de casi 30.000 trabajadores en menos de un año. Este ajuste podría incrementarse aún más cuando se publiquen los números definitivos de los últimos meses de 2024.
Paralelamente, la administración de Milei ha reducido el número de ministerios de 18 a 8 y eliminado un 33% de los cargos superiores en la estructura estatal. Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio para transformar el sector público y hacerlo más eficiente.
Además de los despidos, el gobierno ha implementado pruebas de competencias para los empleados del Estado. En diciembre de 2024, se realizó una primera ronda de exámenes en la que participaron más de 9.000 funcionarios. En las próximas semanas, otros 31.000 trabajadores serán sometidos a evaluaciones similares, destinadas a verificar que poseen las habilidades necesarias para sus funciones.
El Decreto 1148/2024 representa un cambio radical en la administración pública argentina, consolidando el modelo de austeridad que Milei defiende. Mientras sus defensores lo ven como un paso esencial para reducir el gasto estatal, sus detractores advierten sobre las posibles consecuencias sociales y laborales de este enfoque. Este decreto ya se perfila como uno de los hitos más destacados de la política argentina en 2025.
