El presidente argentino Javier Milei avanza en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, un nuevo organismo que dependerá del Ministerio de Seguridad y que reforzará el control de fronteras, los flujos migratorios y las expulsiones de extranjeros que cometan delitos. Distintos sectores ya comparan el esquema con una versión local del Immigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos.

Aunque el decreto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, fuentes oficiales aseguran que se encuentra en su etapa final. La agencia no dependerá del Ministerio del Interior —como era tradición en la política migratoria argentina— sino que pasará directamente a la órbita del Ministerio de Seguridad, consolidando un giro conceptual: la migración deja de ser tratada prioritariamente como política de integración y pasa a abordarse bajo criterios de control y orden interno.

Entre sus funciones estarán la supervisión de ingresos y egresos al país, el refuerzo de controles en pasos fronterizos, la coordinación de operativos contra redes delictivas y la aceleración de deportaciones de extranjeros ilegales o condenados por delitos.

El modelo de referencia es explícito: el ICE estadounidense, creado para hacer cumplir la legislación migratoria y reforzar la seguridad interior. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es «optimizar la gestión» y recuperar la capacidad del Estado para controlar sus fronteras.

El nuevo organismo será encabezado por Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y dirigente alineado con La Libertad Avanza. Su designación es leída como una señal política del fortalecimiento del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La creación de la agencia se enmarca en una reestructuración más amplia. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno de Milei ya transfirió la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas al Ministerio de Seguridad, concentrando bajo esa cartera las competencias relativas a documentación, fronteras y permanencia de extranjeros.

A ello se suman reformas recientes: mayores restricciones para acceder a la residencia, el fin de la gratuidad automática de la atención médica para extranjeros en hospitales públicos y la posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes no residentes.

El nuevo enfoque ya se refleja en el terreno. El Ministerio de Seguridad desplegó recientemente un operativo en La Matanza junto a la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina. Según datos oficiales, fueron controlados 385 ciudadanos extranjeros; 16 se encontraban en situación migratoria ilegal y deberán regularizar su estatus o enfrentar procesos de expulsión.

Desde la cartera que dirige Patricia Bullrich sintetizaron el mensaje con una frase que define el cambio de rumbo: «Controles firmes y reglas claras: sin documentos, no hay permanencia». Con la futura publicación del decreto y la asunción formal de Valenzuela, el Gobierno terminará de consolidar un giro estructural en materia migratoria, alineado con una lógica de soberanía y seguridad fronteriza.