El Gobierno de Javier Milei ha anunciado que endurecerá las políticas migratorias con una nueva reglamentación de la Ley de Refugio, vigente desde 2006 pero sin una normativa clara hasta ahora. Según informó el Ministerio de Justicia, la medida busca impedir abusos en los pedidos de asilo y reforzar la seguridad frente a amenazas como el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal.
El nuevo marco introduce procedimientos más estrictos, entre ellos el rechazo in limine, que permitirá desestimar de manera inmediata solicitudes consideradas infundadas o fraudulentas. También contempla un mecanismo excepcional para casos de extradición, con el fin de garantizar que personas con causas pendientes en la Justicia no utilicen la Argentina como refugio para evadir responsabilidades penales.
Además, la reglamentación prevé herramientas para cancelar o retirar la condición de refugiado en situaciones de fraude, vínculos con delitos o cuando desaparezcan las razones humanitarias que motivaron la concesión del asilo.
Desde el Ejecutivo remarcan que se trata de «una herramienta moderna» que, al tiempo que fortalece la seguridad interior, ordena el sistema y protege a quienes realmente requieran amparo internacional.
Con esta decisión, Milei busca marcar distancia de gestiones anteriores, a las que acusa de haber postergado durante casi dos décadas la puesta en marcha de un régimen claro. El mensaje oficial concluye con una advertencia tajante: la Argentina «no será tierra de impunidad para delincuentes ni para quienes intenten aprovecharse del sistema de refugio».
