El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió el martes 9 de septiembre de 2025 un nuevo bloque de siete preguntas a la Corte Constitucional para ser incluidas en la consulta popular y referéndum, previstos inicialmente para el 30 de noviembre de este año. Este envío responde a las observaciones y rechazos que la Corte hizo sobre un paquete previo de propuestas, lo que llevó al Ejecutivo a reformular y añadir nuevas preguntas que abordan temas penales, políticos, jurisdiccionales y económicos.

Entre las nuevas preguntas de referéndum se incluyen consultas sobre la creación de un registro para personas con sentencia ejecutoriada por delitos sexuales contra menores, la limitación de la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de leyes solo cuando seis de sus nueve jueces estén de acuerdo, la sanción expedita de delitos como extorsión y robo, y la reforma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que la Asamblea Nacional designe sus autoridades a través de procesos públicos.

El Gobierno de Noboa insiste en avanzar con este referéndum como parte de su agenda de transformaciones urgentes para el país, a pesar de la complejidad legal y los plazos ajustados. La convocatoria formal a votación depende ahora del Consejo Nacional Electoral, que debe organizar el proceso conforme a los tiempos legales, lo que podría extenderse dada la reciente presentación de estas nuevas preguntas ante la Corte Constitucional.

Esta dinámica refleja el pulso entre el Ejecutivo y el alto tribunal, luego de que la Corte suspendiera parcialmente artículos de leyes importantes para el combate al crimen organizado, generando tensiones políticas en Ecuador.