La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ha ordenado una medida cautelar de suspensión contra el presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial.
La decisión, inédita y rodeada de profundas dudas jurídicas, busca impedir que el mandatario siga interviniendo en la campaña electoral en favor del candidato de su proyecto político, Iván Cepeda. Arizabaleta pertenece al Pacto Histórico, la misma coalición política de Petro.
La medida establece la suspensión provisional del jefe del Estado hasta las 4.00 p. m. del 21 de junio de 2026, momento de cierre de la jornada electoral. El argumento central es la presunta participación irregular de Petro en política a través de sus publicaciones en redes sociales durante el desarrollo de la campaña presidencial.
El auto conocido por medios colombianos sostiene que la suspensión provisional es una medida cautelar que puede adoptar el funcionario instructor durante una investigación por faltas graves o gravísimas.
En el documento se afirma que la conducta investigada del presidente Petro se enmarca en la prohibición de intervención en política recogida en el artículo 60, numerales 1 y 2, de la Ley 1952 de 2019, tipificada como falta gravísima.
La Comisión sostiene que, aunque la determinación definitiva será objeto de investigación, la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta impiden tratar el caso como un asunto menor. El texto alude al deber de neutralidad de los servidores públicos en el marco de una contienda electoral, especialmente a pocos días de la segunda vuelta.
La medida, sin embargo, abre un intenso debate jurídico. Las decisiones de la Comisión de Acusación suelen ser sometidas a la plenaria de esa célula legislativa y, eventualmente, a la plenaria de la Cámara de Representantes. Fuentes de la propia comisión citadas por medios colombianos señalan que medidas similares ya habían sido evaluadas y descartadas anteriormente por dudas sobre su viabilidad.
El Gobierno de Petro reaccionó cuestionando la competencia de la Comisión para suspender al presidente. El ministro Armando Benedetti sostuvo que «no existe» la posibilidad de que la Comisión de Acusaciones pueda apartar del cargo al jefe del Estado.
La decisión puede terminar teniendo un efecto político paradójico. Algunas fuentes parlamentarias advierten de que, si Petro quedara suspendido formalmente del cargo, podría intentar participar con más libertad en la campaña de Iván Cepeda, alegando que ya no se encuentra sometido a las restricciones propias del ejercicio presidencial.
La Comisión de Acusaciones ya había abierto dos investigaciones disciplinarias contra Petro por su presunta participación en la campaña presidencial de 2026 mediante publicaciones en la red social X.
Una de las investigaciones se inició tras mensajes publicados por el mandatario los días 6, 7 y 8 de junio. En el oficio correspondiente se señala que las publicaciones realizadas desde la cuenta @petrogustavo obligaban a abrir una investigación de oficio por posibles faltas disciplinarias relacionadas con la intervención en política.
La segunda indagación, conocida el martes 9 de junio, recoge 15 publicaciones en redes sociales fechadas entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, en las que se considera que el presidente habría incurrido también en participación política irregular.
La suspensión cautelar llega en un momento de máxima tensión institucional en Colombia. Petro ha intervenido de forma reiterada en el debate público durante la campaña, mientras la oposición denuncia el uso del poder presidencial para favorecer al candidato oficialista.
