El Gobierno de Lula en los últimos siete meses merece un análisis más detallado de su desempeño. El siguiente texto busca traer una interpretación de los principales hitos que definen a la nueva gestión del Partido de los Trabajadores (PT). Abordaremos temas como la economía, la seguridad y la justicia, la alianza entre el PT y el Supremo Tribunal Federal (STF), la persecución de los opositores y la inserción internacional a partir de los parámetros del Foro de São Paulo (FSP).
En términos económicos, el Gobierno buscó, desde un principio, aumentar los gastos y los ingresos. Incluso antes del inicio de la nueva administración, el Partido de los Trabajadores articuló la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Gastos (conocida como “PEC del Despilfarro”), que permitiría al Gobierno gastar 148 mil millones de reales por encima del techo presupuestario. El apetito por más gasto público es voraz.
Los resultados de las cuentas públicas del primer semestre de este año reflejan la mentalidad del gobierno del PT. Según datos del Tesoro Nacional, el déficit de las cuentas públicas alcanzó los 42.500 millones de reales, en contraste con el superávit de 54.300 millones de las cuentas de Bolsonaro en 2022. Esto ya es una señal de lo que vendrá a Brasil.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha tenido una línea de acción clara desde que asumió, buscando siempre aumentar los ingresos y los gastos. Aprobó una serie de reformas fiscales, conocidas como «arcabouço fiscal«, que flexibilizaron el antiguo «techo de gasto» y crearon una especie de «licencia para gastar», eliminando limitaciones y permitiendo gastos excesivos sin responsabilidad.
En cuanto a la seguridad y la justicia, la administración siguió una dirección clara, centrándose en una amplia campaña de desarme con nuevas leyes restrictivas para quienes poseen armas legales. También hubo una satanización de los llamados “CAC” (Cazadores, Tiradores y Coleccionistas) y numerosas dificultades creadas para que el ciudadano ordenado pueda tener armas.
Mientras el Gobierno avanzó con una legislación más restrictiva para que los ciudadanos respetuosos de la ley pudieran poseer armas, se adoptaron medidas de flexibilización penal en relación con delincuentes y narcotraficantes. Un ejemplo ilustrativo fue la decisión del Tribunal Superior de Justicia que ordenó la devolución del helicóptero y una lancha motora pertenecientes a «André do RAP», uno de los líderes del PCC (la más grande organización narcotraficante de Brasil).
La reciente declaración del ministro Flávio Dino, criticando duramente un operativo de la policía militar que resultó en la muerte de sospechosos en Guarujá, sin el mismo énfasis en la muerte del policía asesinado por narcotraficantes, demuestra una tendencia a priorizar los «derechos humanos» de los delincuentes en detrimento de la seguridad de los ciudadanos y de la policía.
El amaño de instituciones y la alianza entre el STF y el PT marcaron los primeros meses de Gobierno. La politización de los niveles más altos del Poder Judicial fue notoria, y la presencia de magistrado Alexandre de Moraes en la fiesta de la victoria de Lula da Silva (samba de celebración) planteó dudas sobre la impersonalidad. El nombramiento de Cristiano Zanin, abogado personal de Lula, en el STF también generó polémica. Otro magistrado, Luis Roberto Barroso ha dicho «le ganamos al Bolsonarismo» en un acto político, además de haber dicho que el Supremo Tribunal Federal es un «poder político».
El ministro de Justicia, Flávio Dino, ya se refirió a la Policía Federal utilizando el artículo posesivo: «mi Policía Federal». Los principales enemigos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva han sido perseguidos a través de las instituciones. Deltan Dallagnol, promotor de Lava Jato, que fue el diputado federal con más votos en Paraná, perdió su cargo por minucias legales. El senador Sérgio Moro está en la mira tanto de Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que quería «joder a Moro«, como del PCC, que urdió un plan para matarlo, descubierto por casualidad.
A nivel internacional el Gobierno siguió una postura alineada con el Foro de São Paulo y sus intereses regionales. Lula mostró apoyo a líderes socialistas como Nicolás Maduro, de Venezuela, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba, dañando su imagen nacional e internacional de apoyo a dictadores. Respecto a Venezuela, Lula incluso mencionó que allí hubo más elecciones que en Brasil y defendió la necesidad de que la oposición le gane a Maduro en las urnas.
Daniel Ortega, dirigente socialista de Nicaragua y aliado del Foro de São Paulo, también fue acariciado por el mandatario brasileño. En 2021, el Tribunal Superior Electoral de Brasil obligó a anular los informes periodísticos que asociaban a Lula da Silva como «nicaragüense». Este año, Lula restó importancia a la dictadura de Ortega y se ofreció como intermediario para liberar a los obispos encarcelados por el dictador.
La cercanía de Lula con sus aliados ideológicos del FSP se manifestó recientemente en el XXVI Encuentro de dicha organización, realizada en Brasilia. Allí el presidente izquierdista brasileño dejó entrever su «orgullo» por formar parte de una agenda de la que han sido parte personajes como Chávez, Correa y Kirchner.
«Luchamos contra el discurso de la familia, las tradiciones y el patriotismo. El mejor periodo en 500 años lo tuvimos en 2002-2015 con Kirchner, Chavez, Correa, Mujica, Bachelet, etc. La derecha es fascista. No nos ofende que nos llamen comunistas, nos enorgullece, lo merecemos«, dijo el mandatario en esa oportundad.
En el contexto regional, Lula se reunió cinco veces con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, su aliado en el Foro de São Paulo. Argentina enfrenta una situación económica desastrosa y está buscando recursos del Gobierno brasileño. En mayo, el gobierno brasileño anunció que financiaría inversiones por 4.500 millones de reales en Argentina.
Así, es necesario entender que los movimientos internacionales de Lula siguen la lógica socialista del Foro de Sao Paulo en sus lineamientos más generales. Lo que se puede esperar de Luiz Inácio Lula da Silva es socialismo, como se puede esperar lo mismo de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Alberto Fernández o Gustavo Petro. La diferencia entre cada uno de ellos es la capacidad de implementar el plan y la resistencia interna de cada país.
