
En medio de un creciente debate sobre la gestión de recursos públicos en Colombia, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, ha denunciado que el Gobierno de Gustavo Petro ha gastado más de 1.800 millones de pesos (más de 380.000 euros) en consultorías destinadas a medir la popularidad del presidente. Esta situación ha reavivado las preocupaciones sobre la transparencia en la administración pública y el uso eficiente de los recursos.
Briceño, quien es miembro del partido Centro Democrático, expuso a través de sus redes sociales que, en dos años de Gobierno, el Ejecutivo ha invertido esa cantidad de dinero en servicios del Centro Nacional de Consultoría para llevar a cabo encuestas sobre la percepción pública del mandatario. En su publicación, el concejal presentó una tabla detallando los contratos y los montos involucrados, generando un intenso debate entre la opinión pública y diversos sectores políticos.
La denuncia se centra en tres contratos específicos que, según Briceño, no ofrecen beneficios concretos para el país y se perciben como un gasto innecesario. Estos contratos incluyen:
En respuesta a la denuncia, Gustavo Petro defendió el uso de estos fondos afirmando que las encuestas son fundamentales para entender la percepción que hay sobre el gobierno y contrarrestar lo que él considera información sesgada de ciertos medios.
Sin embargo, la controversia persiste. Según un estudio de la firma CB Consultora Opinión Pública, aunque Petro ha mejorado ligeramente en su imagen positiva, todavía se encuentra en una posición baja en comparación con otros líderes de la región. En un análisis más amplio de la popularidad de los presidentes sudamericanos, Petro ocupó el séptimo lugar, con sólo 39,5% de imagen favorable.
Del 58,1% de los encuestados que perciben la imagen del presidente como desfavorable, el 34,5% la calificó de muy mala y el 23,6% como mala. Por otro lado, de aquellos que ven la gestión del mandatario colombiano de manera favorable, que representan el 39,5%, solo el 19,2% la considera muy buena, mientras que el 20,3% la califica como buena. Además, un 2,4% de los encuestados prefirió no opinar o no respondió a la pregunta.
La polémica en torno a estos gastos plantea importantes preguntas sobre la administración pública y la asignación de recursos en un país donde muchos sectores demandan inversiones en áreas críticas como la salud, la educación y la infraestructura.