Aunque el candidato kirchnerista a la presidencia de Argentina, Sergio Massa, ha querido cultivar una imagen conciliadora, basada en su supuesto perfil «renovador» e independiente, sus vinculaciones con la izquierda criminal que ha generado retrocesos en las ya de por sí precarias democracias hispanoamericanas es más que evidente.
Massa, que en una época fue un prometedor joven que hacía vida en las filas peronistas, intentó vender hacia 2013 la moto de la «independencia» frente al kirchnerismo oficial, apalancando un movimiento propio que incluso lo llevó a ser candidato presidencial en 2015.
Sin embargo, en las elecciones de ese año se quedó corto de apoyos y sucumbió a la polarización gestada entre el peronismo oficialista de Daniel Scioli y quien eventualmente ganó la presidencia, el candidato de Propuesta Republicana, Mauricio Macri.
No obstante, cuando faltan apenas horas para que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral en el país austral debe quedar claro que, al día de hoy y como han asomado Javier Milei, Patricia Bullrich y el propio Macri, el actual ministro de Economía argentino es el representante del chavismo en el balotaje, más allá de la iniciativa que busca vestirlo de oveja.
Para constatar esto sólo basta revisar el telón de fondo de la campaña presidencial kircherista, en la que figuras como el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro y sus homólogos de Brasil y México, Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -entre otros- no han ocultado ni por un segundo sus afinidades con el abanderado del oficialismo argentino.
El mandatario colombiano dijo recientemente en la red social X que con Massa se pueden «abrir caminos de esperanza» en la nación sudamericana, mientras que si los argentinos eligen a Milei estaría votando el «regreso de Pinochet y Videla». El presidente de Colombia ha afirmado además que el candidato de La Libertad Avanza simboliza «la barbarie».
En el caso del presidente de México, el siempre impertinente AMLO, la cosa ha ido a más. Información publicada en medios de ese país apunta a que éste habría destinado recursos a ayudar en la campaña de Massa, luego de notar con preocupación el auge electoral de Milei en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Así, López Obrador, comisionó en agosto a su propio hijo, José Ramón López, para fungir de enlace con La Casa Rosada y ofrecer así asesoría política y otras colaboraciones no especificadas al candidato de la coalición oficialista Unión Por la Patria.
López Obrador ha destacado durante los últimos años por ser uno de los principales aliados del presidente kirchnerista Alberto Fernández en la región, así como por su marcada animadversión hacia Milei, a quien ha tildado incluso de «facho».
Si se mira a Brasil la cosa no podía ser distinta. Luiz Inácio Lula da Silva también ha desarrollado una estrecha relación con el kirchnerismo, cimentada a lo largo de los años en los que el chavismo regional tuvo su mayor auge político e incluso económico.
En una especie de todos contra uno el presidente brasileño ha sumado asesores a la campaña de Massa, especialmente a un grupo especialistas liderados por el reconocido estratega Edinho Silva, una serie de expertos los que él directamente echó mano al momento de enfrentar a Jair Bolsonaro el año pasado.
Lula además ha manifestado públicamente en redes sociales su apoyo al abanderado oficialista enfatizando que » (…) Argentina es muy importante para Brasil. Somos los mayores socios comerciales de los argentinos en Sudamérica. Tengo una buena relación con muchos expresidentes argentinos. Y pido que los argentinos recuerden que necesitamos un presidente que aprecie la democracia y que valore las relaciones entre nuestros países«.
Quien a esta altura se llame a engaño no tiene perdón alguno. Massa es y será -pese a que se disfrace de inocente- el aliado fiable del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo en Argentina. Más aún, es la receta segura para mantener al país hispano en la senda del desastre económico que ha capitaneado desde la cartera de Economía en los últimos tiempos, así como una garantía de que las libertades y la decencia administrativa no serán prioridad en los próximos años.
