El candidato izquierdista Roberto Sánchez ha convertido el inicio de la segunda vuelta presidencial en Perú en una ofensiva política para reagrupar al castillismo, a los movimientos sociales y al voto antisistema bajo una promesa central: «refundar» el país. El aspirante de Juntos por el Perú llega al balotaje del próximo 7 de junio con un programa que incluye una nueva Constitución, mayor intervención estatal en los recursos naturales y la liberación del expresidente Pedro Castillo, encarcelado tras su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Sánchez obtuvo el 12,03% de los votos en la primera vuelta y pasó al balotaje en un escenario de enorme fragmentación electoral, con más del 70% de los votantes apoyando a otros candidatos. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la segunda vuelta tras semanas de incertidumbre y retrasos en el escrutinio.

Lejos de moderar su discurso, Sánchez ha endurecido el tono. En un mitin en Villa El Salvador, el candidato afirmó que tiene el «encargo histórico de darle vuelta a la tortilla» en Perú y volvió a ofrecer la libertad a Pedro Castillo. Su mensaje busca activar el núcleo emocional del castillismo: la idea de que el expresidente no fue responsable de un quiebre constitucional, sino víctima de una supuesta persecución de las élites políticas y judiciales.

La excarcelación de Castillo y la redacción de una nueva Constitución fueron, de hecho, dos de las promesas más celebradas en el cierre de campaña de Sánchez antes de la primera vuelta. El candidato ha presentado ese cambio constitucional como parte de un «nuevo comienzo democrático», pero en la práctica supone reabrir uno de los proyectos centrales de la izquierda radical peruana desde 2021: sustituir la Constitución de 1993 y avanzar hacia un rediseño completo del modelo político y económico.

Sánchez no es un actor ajeno al castillismo. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el Gobierno de Pedro Castillo y ahora intenta capitalizar políticamente el resentimiento de los sectores que aún reivindican al expresidente. Reuters lo describe como un congresista de izquierda y exministro castillista que propone una reforma profunda del país, incluida una Asamblea Constituyente, un Estado «plurinacional», mayor control estatal sobre los recursos naturales, nuevas políticas tributarias redistributivas y la revisión de contratos mineros y gasíferos.

Ese programa inquieta especialmente en un país donde la minería y los hidrocarburos son pilares de la economía. La revisión de contratos, la ampliación del control estatal y la retórica contra el llamado «1%» conectan con el repertorio clásico de la izquierda iberoamericana: confrontación social, promesa redistributiva, desconfianza hacia la inversión privada y voluntad de rediseñar las reglas del juego desde el poder político.

El candidato también ha insistido en que Pedro Castillo está «secuestrado por la mafia», una fórmula que revela la matriz política de su campaña: convertir el encarcelamiento del expresidente en bandera electoral y presentar al sistema institucional peruano como una estructura ilegítima que debe ser desmontada.

A ese perfil ideológico se suma un frente judicial. La Fiscalía peruana ha solicitado cinco años y cuatro meses de prisión contra Sánchez por presuntos delitos vinculados a declaraciones falsas e información irregular sobre aportes de campaña de Juntos por el Perú entre 2020 y 2021. El caso afecta a reportes financieros presentados por su partido y una resolución sobre si el proceso irá a juicio está prevista para el 27 de mayo, apenas once días antes de la segunda vuelta. Sánchez niega las acusaciones y su defensa atribuye la responsabilidad al tesorero de la organización.

La campaña de Sánchez llega además en un contexto de extrema fragilidad institucional. Perú ha tenido ocho presidentes en una década y arrastra una crisis política permanente, marcada por choques entre Ejecutivo y Congreso, protestas violentas, desprestigio de los partidos y una creciente inseguridad ciudadana.