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CONVOCAN UN BLOQUEO NACIONAL INDEFINIDO

Seguidores de Evo Morales protestan en las calles contra Arce para exigir elecciones judiciales

Luis Arce y Evo Morales. Europa Press

En medio de una creciente disputa política en Bolivia, seguidores del expresidente Evo Morales anunciaron un «bloqueo nacional» de carreteras en rechazo a la prórroga del mandato de altos magistrados y para exigir la aprobación de una «ley corta» que convoque a elecciones judiciales. Los cortes estaban programados para comenzar a las 00:00 de este miércoles, generando preocupación por el impacto en la movilidad y la economía del país, que ya se encuentra atravesando por una crisis cada vez más aguda.

La medida fue anunciada por dirigentes de organizaciones afines al Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficialista liderado por Evo Morales. Estas organizaciones, pertenecientes al Pacto de Unidad, convocan a la sociedad civil a sumarse al bloqueo nacional indefinido de caminos en protesta contra la «autoprórroga» de los magistrados y consejeros del órgano Judicial.

La crisis se intensificó luego de enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Sucre, la capital constitucional de Bolivia. Los manifestantes denunciaron «actos represivos» por parte de la Policía boliviana, alegando que actuaron por órdenes del Gobierno de Luis Arce.

Entre las demandas de los movilizados se encuentra la promulgación inmediata de una «ley corta» para convocar a elecciones judiciales y el retiro de los magistrados prorrogados de manera inconstitucional. Además, solicitan a la Fiscalía General del Estado iniciar investigaciones y procesamientos contra los magistrados por «usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución».

¿Cuál es la raíz del conflicto? La prórroga del mandato de los magistrados, una medida defendida por el Gobierno de Luis Arce, quien sostiene que no es inconstitucional. Sin embargo, Evo Morales ha criticado la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La Constitución boliviana de 2009 establece elecciones cada seis años para elegir a las máximas autoridades judiciales. En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de los votantes expresó su rechazo mediante votos nulos y blancos, considerando que los procesos estaban manipulados para favorecer al oficialismo, con lo cual se infiere que se trata de autoridades elegidas ilegítimamente.

Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se estancó en el Parlamento, de mayoría oficialista. Ante esta situación, el TCP optó por prorrogar el mandato de los magistrados para evitar un «vacío de poder».

En un giro adicional, dos magistradas del Tribunal Agroambiental presentaron su renuncia la tarde de este martes, sumándose a las renuncias de otros magistrados de diversos tribunales en lo que va de 2024.

El Gobierno, por su parte, ha rechazado las acciones de Evo Morales y sus seguidores, calificando las movilizaciones como amenazas y confrontaciones. La tensión se agrava con la amenaza de bloqueos, mientras sectores afines al Gobierno anuncian su intención de desbloquear las carreteras.

La lucha por el control no solo del TCP, sino de todo el sistema judicial, que se mezcla con las tensiones políticas entre las facciones del Movimiento al Socialismo (MAS), el «evismo» y el «arcismo», y que sucede en el contexto de la candidatura presidencial para 2025, agrava la incertidumbre e incrementa los riesgos en el país, que ya viene golpeado por una crisis económica y sobre todo institucional, que comienza al menos desde que Evo Morales decidió postularse a las elecciones de 2019 -en las que encima cometió un monumental fraude- luego de perder notablemente un referéndum en 2016 que se lo impedía.

Para Arturo Yañez Cortés, abogado, escritor y analista: «este es el peor daño que los auto prorrogados le están causando al ciudadano (…) pues en vez del vacío judicial maliciosamente exagerado y usado para justificar su tropelía, han generado un inocultable caos jurídico y administrativo de inimaginables consecuencias que crece diariamente como bola de nieve, llevándose por delante la ya muy débil institucionalidad que contribuyeron frecuentemente a debilitarla por su indigno sometimiento a poderes fácticos de orden partidario u otros peores».

Y además añade: «La seguridad jurídica hecha pedazos y Bolivia ante el mundo ahuyentando sistemáticamente inversiones que producirían riqueza, impuestos y trabajo. Nos mostramos como una opereta bufa, no como una democracia institucionalizada sujeta al imperio del Derecho».

En definitiva, Bolivia enfrenta una crisis de una proporción e intensidad cada vez mayor, fruto de la ambición del socialismo más abyecto por mantenerse en el poder, y la ilustración de tal crisis ya puede ser advertida en todo ámbito de la vida cotidiana de cualquiera de sus ciudadanos.

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