El narcoterrorismo mexicano ha vuelto a cobrarse una víctima política. El alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado a balazos la noche del sábado por un grupo de sicarios mientras participaba en el Festival de Velas, una celebración popular por la tradicional Noche de Muertos.
El ataque ocurrió hacia las 20:00 horas locales en la plaza principal, conocida como la Pérgola Municipal, donde el alcalde convivía con familias y niños. Recibió seis disparos y fue trasladado con vida al hospital Fray Juan de San Miguel, donde finalmente falleció. Un funcionario municipal resultó gravemente herido.
Según la Fiscalía General del Estado de Michoacán, uno de los atacantes fue abatido por los escoltas del alcalde y otros dos fueron detenidos. Las autoridades investigan a qué cártel pertenecían, en una región donde operan al menos cinco grupos criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Caballeros Templarios, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó «con absoluta firmeza» el asesinato y prometió que «el crimen no quedará impune«, aunque su administración —como antes la de López Obrador— acumula un récord histórico de homicidios y atentados políticos. Sólo en 2024 fueron asesinados más de 30 alcaldes y funcionarios municipales en distintos estados del país.
Carlos Manzo, de 45 años, había sido diputado por el partido oficialista Morena, pero se apartó de sus filas y ganó la alcaldía como candidato independiente con el lema «El del Sombrero«. Durante su gestión denunció públicamente la infiltración del crimen organizado en la policía local y exigió al Gobierno federal apoyo militar para recuperar el control de Uruapan. Incluso ofreció recompensas a los agentes que abatieran a sicarios, una medida que lo enfrentó abiertamente a los cárteles.
El asesinato de Manzo se produce exactamente un año después del crimen del periodista Mauricio Cruz Solís, asesinado en la misma plaza tras entrevistar en directo al propio alcalde. Ambos homicidios reflejan la espiral de impunidad en un Michoacán convertido en símbolo del colapso del Estado mexicano, donde las autoridades locales gobiernan bajo amenaza permanente del narcotráfico.