La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones contra el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Washington los acusa de mantener vínculos con el narcotráfico y de haber facilitado la expansión de los cárteles bajo el amparo de las políticas del propio Petro. La medida se produce tras varios días de tensiones entre Bogotá y Washington, que han alcanzado su punto más alto desde la llegada del líder de izquierda al poder.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a los cuatro nombres en su conocida «lista Clinton» de sanciones antinarcóticos. Con ello, todos los bienes y cuentas que mantengan en territorio estadounidense quedan bloqueados y deberán ser reportados a la agencia. Además, cualquier empresa en la que posean el 50% o más de participación también quedará congelada, y se prohíben las transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses que involucren sus activos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la decisión afirmando que «desde la llegada de Petro al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta niveles que no se veían en décadas, inundando las calles de Estados Unidos y poniendo en riesgo la salud de millones de ciudadanos». Según Bessent, el mandatario colombiano «ha permitido el fortalecimiento de los cárteles y se ha negado a tomar medidas para frenar su actividad criminal».

La administración norteamericana considera que el plan de «paz total» impulsado por Petro ha servido para «otorgar beneficios y concesiones a organizaciones narcoterroristas», lo que habría generado un récord histórico en la siembra de hoja de coca y la producción de cocaína. Washington acusa además al presidente colombiano de haberse «alineado» con el cartel de los Soles y con el «régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro», rompiendo así la cooperación tradicional entre ambos países en materia de seguridad.

El caso también alcanza al hijo del mandatario, Nicolás Petro, a quien Estados Unidos señala como su «heredero político». El joven fue detenido en 2023 acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito con fondos procedentes del narcotráfico, presuntamente utilizados para financiar la campaña presidencial de su padre. Aunque actualmente se encuentra en libertad condicional, el proceso judicial en su contra continúa abierto.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había sido mencionado en unas grabaciones filtradas en 2023 en las que hablaba sobre el financiamiento irregular de la campaña de Petro y sobre la compra de votos. En cuanto a la primera dama, Verónica Alcocer, Washington recuerda que un tribunal colombiano anuló su nombramiento como «embajadora en misión especial» por considerarlo inconstitucional.

En respuesta, Gustavo Petro anunció que el abogado estadounidense Dany Kovalik asumirá su defensa y lamentó lo que considera una «injusticia» por parte del Gobierno de Estados Unidos. «Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me ha traído esta medida del país al que tanto ayudamos a detener su consumo. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas», escribió el presidente colombiano en la red social X.

Benedetti también reaccionó con dureza al conocer su inclusión en la lista negra: «Me sancionan por defender la dignidad de mi país. En Colombia nadie cree que yo sea narcotraficante. Nunca he puesto un pie en la casa de uno solo de ellos. Su lucha antidrogas es una farsa armamentística».

Estas sanciones llegan después de un agrio intercambio de declaraciones entre Petro y Trump. Días antes, el presidente estadounidense ya había advertido de «medidas muy severas» contra el Gobierno colombiano, al que acusó de «producir demasiada droga» y de estar dirigido por «un matón y un mal tipo».