El juez del Distrito Sur de Florida, Robert Scola, rechazó el pasado viernes el argumento de la inmunidad diplomática para desestimar los cargos por blanqueo de dinero de los que se acusa a Alex Saab, considerado el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la Justicia estadounidense, habría blanqueado 350 millones de dólares (295 millones de euros) para pagar las corruptelas del tirano venezolano.
El juez Scola sostuvo que el estatus de «enviado especial» esgrimido por Saab es «intranscendente», según el derecho internacional ya que es solo una designación del Gobierno de Maduro, el cual le designó como representante diplomático ante Rusia e Irán para gestionar la compra de alimentos, medicinas, y otros bienes, en el marco de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen chavista.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela ha señalado que esta decisión «constituye una franca y grosera violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas», y al mismo tiempo «ignora las obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos» de «respetar la inviolabilidad e inmunidad de los agentes diplomáticos en su tránsito entre dos Estados».
Para la dictadura se trata de «un peligroso precedente en las relaciones entre Estados», así como «una nueva vulneración de los derechos» de Saab, detenido en junio de 2020 cuando realizaba una escala de reabastecimiento en Cabo Verde, país que aprobó su extradición a Estados Unidos.
