El régimen de Miguel Díaz-Canel vuelve a quedar bajo el foco internacional tras la publicación de un informe que denuncia condiciones carcelarias propias de un sistema de represión estructural. La organización Prisoners Defenders ha alertado de que alrededor de 90.000 presos en Cuba —aproximadamente el 1% de la población— están expuestos a daños irreversibles por desnutrición forzada.
El informe, basado en testimonios directos, material gráfico y evidencias recopiladas en distintas prisiones de la isla, documenta un patrón sistemático de alimentación insuficiente, insalubridad extrema y abandono médico. Según los datos recogidos, los reclusos reciben entre 250 y 353 kilocalorías diarias, una cifra que apenas representa entre el 10% y el 14% de las necesidades energéticas de un adulto.
Esta situación, mantenida durante largos periodos, puede derivar en desnutrición severa, con consecuencias como pérdida extrema de peso, deterioro físico generalizado, debilidad crónica y graves afectaciones en la salud.
El informe describe además un entorno carcelario degradante, marcado por infestaciones de chinches, condiciones higiénicas precarias y ausencia de atención médica adecuada, lo que agrava aún más la situación de los internos.
La denuncia adquiere especial gravedad en el caso de los presos políticos. Según la ONG, al menos 447 de ellos padecen enfermedades graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, mientras que otros 47 presentan trastornos mentales severos sin tratamiento.
En total, la organización cifra en 1.250 los presos por motivos políticos en Cuba, lo que evidencia el uso del sistema penitenciario como instrumento de control y represión por parte del régimen.
A la luz de estos datos, Prisoners Defenders advierte de que el sistema carcelario cubano podría estar incurriendo en prácticas constitutivas de trato cruel, inhumano o degradante, en un contexto donde el hambre se utiliza como mecanismo de castigo y sometimiento.
