De Brasil a Estados Unidos y Europa, las denuncias de fraude, las impugnaciones judiciales y los intentos de excluir a determinadas fuerzas políticas alimentan una crisis de confianza generalizada en los sistemas representativos.
Flávio Bolsonaro, derrotado el pasado domingo en las presidenciales brasileñas, ha proclamado desde su exilio estadounidense que es el «verdadero presidente electo de Brasil». El hijo del expresidente Jair Bolsonaro denuncia un fraude electoral y acusa a las instituciones de haber favorecido la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor oficial con el 52% de los votos. Bolsonaro sostiene que una polémica ampliación del horario de votación permitió una operación irregular.
El episodio brasileño constituye la última manifestación de un fenómeno que se extiende por las democracias representativas: la creciente resistencia a aceptar los resultados electorales y la transformación del adversario político en un enemigo cuya victoria se presenta como una amenaza existencial. Según International IDEA, entre 2020 y 2024 uno de cada cinco procesos electorales registró el rechazo público del resultado por algún candidato o partido derrotado. Una proporción semejante acabó sometida a procedimientos judiciales y, en conjunto, una de cada tres elecciones fue cuestionada de alguna manera.
Estados Unidos vivió en 2020 uno de los episodios más conocidos de esta crisis. Donald Trump encabezaba inicialmente el escrutinio en varios estados decisivos cuando el recuento posterior de los votos por correo, mayoritariamente favorables a Joe Biden, invirtió la tendencia. La secuencia alimentó las denuncias de fraude del presidente saliente. La disputa culminó el 6 de enero de 2021 con el asalto al Capitolio por partidarios de Trump, mientras el Congreso certificaba la victoria demócrata.
En España, a un mes de las elecciones generales, el propio censo se ha convertido en objeto de una controversia judicial. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el voto de 163.355 nacionalizados mediante determinadas disposiciones de la llamada ‘ley de nietos’, al cuestionar la aplicación de una instrucción gubernamental que presumía la condición de exiliados de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955. Hasta el miércoles, únicamente 901 afectados habían acreditado los requisitos exigidos para votar. La polémica se añade a las sospechas recurrentes sobre el voto postal, el escrutinio exterior y el procesamiento informático de los resultados provisionales, que en España realiza Indra.
Europa tampoco escapa a estas tensiones. En Rumanía, el Tribunal Constitucional anuló en diciembre de 2024 la primera vuelta de unas presidenciales ganadas sorprendentemente por el soberanista Călin Georgescu, después de que los servicios de inteligencia denunciaran una campaña de influencia extranjera en las redes sociales. Georgescu calificó la decisión de golpe de Estado.
En Georgia, las legislativas de octubre de 2024 desembocaron en otra crisis de legitimidad. La oposición rechazó la victoria del gobernante Sueño Georgiano, con el 53,92% de los sufragios, y denunció fraude. Los observadores internacionales documentaron intimidaciones, presiones sobre votantes y vulneraciones del secreto del voto. El Parlamento Europeo señaló además anomalías estadísticas en la participación y en los resultados, mientras la introducción de dispositivos electrónicos de identificación y recuento suscitaba interrogantes sobre la transparencia y la verificación independiente.
Moldavia vivió una confrontación semejante alrededor de su referéndum europeo y sus presidenciales de 2024. La integración en la Unión Europea se impuso en el referéndum por un estrechísimo 50,36%, con un peso decisivo del voto exterior. Las autoridades denunciaron operaciones de compra de votos e injerencia rusa, en unas elecciones convertidas prácticamente en un plebiscito sobre la orientación geopolítica del país.
El deterioro de la confianza coincide, sospechosamente, con el crecimiento de partidos soberanistas que cuestionan aspectos centrales del consenso político europeo. En Alemania, los servicios de inteligencia clasificaron a Alternativa para Alemania como «organización extremista», una calificación suspendida cautelarmente por un tribunal de Colonia en febrero de este año. En Francia, la condena judicial de Marine Le Pen por malversación de fondos europeos amenazó inicialmente con impedirle concurrir a las presidenciales de 2027, aunque una sentencia posterior redujo su inhabilitación y le devolvió esa posibilidad. Los partidarios de ambas formaciones denuncian intentos de restringir mediante procedimientos institucionales la competencia electoral.
En Francia, además, el tradicional frente republicano contra Agrupación Nacional expresa una polarización creciente: distintas fuerzas políticas consideran imprescindible impedir su acceso al poder, mientras sus dirigentes denuncian que se pretende excluir de la alternancia a millones de electores. En España, Vox sostiene igualmente que su demonización política y los cordones sanitarios cuestionan la legitimidad de su representación parlamentaria.
El resultado es una tensión creciente entre dos principios fundamentales de los sistemas representativos: la protección de las instituciones frente a posibles amenazas y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes. A ella se añade la complejidad de procedimientos electorales cada vez más dependientes de tecnologías y operaciones administrativas difíciles de supervisar para el ciudadano corriente.
Durante generaciones, la gran virtud de la democracia parlamentaria fue convertir la lucha por el poder en una competición periódica cuyo resultado aceptaban vencedores y vencidos. La derrota era provisional y el traspaso pacífico del gobierno constituía una regla compartida. La creciente impugnación de los resultados, la desconfianza en los procedimientos y la presentación de cada convocatoria como una batalla definitiva entre el Bien y el Mal están sometiendo ese acuerdo fundamental a una presión cada vez mayor.
