El presidente de Túnez, Kais Saied, decidió hace tres semanas poner fin a la inmigración ilegal en su territorio, estableciendo exhaustivos controles policiales para la identificación y repatriación de aquellos inmigrantes que se encuentran residiendo en su país de manera ilegal.
Sus medidas han sido calificadas de «extremistas, xenófobas» y «contrarias a los derechos humanos». Sin embargo, han conseguido desarticular decenas de redes criminales que veían en esta inmigración ilegal una oportunidad de negocio con la organización de viajes hacia Europa a través de incursiones marítimas con destino al sur de Italia.
Desde la puesta en marcha de sus medidas, cientos de subsaharianos ya han sido repatriados a países como Senegal, Mali, Guinea o Burkina Faso. Y nacionales de Argelia o Marruecos han emprendido su huida del país.
Por otro lado, los controles por parte de la guardia costera tunecina se han visto incrementados. Hasta el punto que la semana pasada impidieron la salida de más de 1.500 inmigrantes ilegales que se dirigían hacia el sur de Italia.
Quizás todo el conglomerado de organizaciones humanitarias vuelven a ver amenazado su modelo de negocio en el Mediterráneo Central. Y quizás lo que menos preocupa a estas organizaciones es que estos inmigrantes ilegales pierdan su vida en el mar, porque precisamente las acciones de control promovidas por Kais Saied minimizan el riesgo de perdidas humanas: impiden las incursiones marítimas en mitad de condiciones meteorológicas adversas y la utilización de embarcaciones cada vez más precarias por parte de redes criminales que ven incrementada su actividad con la presencia, al otro lado de las costas tunecinas, de los buques de estas organizaciones humanitarias.
