Las autoridades de Irán ejecutaron al menos a 1.639 personas en 2025, la cifra más alta registrada desde 1989, según un informe conjunto publicado este lunes por las ONG Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM). El dato supone un aumento del 68% respecto a las 975 ejecuciones contabilizadas en 2024 y refleja un endurecimiento de la represión por parte del régimen.

El informe, elaborado por estas dos organizaciones con sede en Noruega y Francia, recoge además la ejecución de 48 mujeres, en su mayoría mediante ahorcamiento. Se trata de uno de los balances más elevados de los últimos años y confirma una tendencia al alza en el uso de la pena capital como instrumento de control político y social.

Las ONG advierten de que el régimen iraní podría intensificar aún más estas prácticas en el actual contexto de inestabilidad interna y presión internacional. En concreto, señalan que las protestas registradas en enero, junto con el conflicto abierto con Estados Unidos e Israel, podrían servir de justificación para ampliar el recurso a las ejecuciones.

«El riesgo es que la pena de muerte se utilice de forma aún más generalizada como herramienta de opresión y represión si la crisis actual se agrava», alerta el informe, que subraya el papel del sistema judicial iraní como mecanismo clave en la estrategia de control del régimen.

El aumento de las ejecuciones coincide con un periodo de creciente tensión tanto dentro como fuera del país. En el plano interno, las autoridades han reforzado la respuesta contra cualquier forma de disidencia. En el exterior, la confrontación con potencias como Estados Unidos e Israel añade presión a un régimen que busca consolidar su poder en un escenario cada vez más volátil.

Las cifras sitúan a Irán como uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y evidencian el uso sistemático de la pena capital en un momento marcado por la incertidumbre política y el deterioro de la situación de derechos fundamentales.