La exfiscal venezolana Luisa Ortega, que abandonó su país tras ser acusada de traición por el Gobierno, ha afirmado este miércoles que es perseguida porque tiene pruebas de corrupción contra las principales autoridades chavistas, incluido el presidente Nicolás Maduro.
La funcionaria ha atribuido la persecución que sufre en Venezuela a sus investigaciones sobre la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en su país contra los altos dirigentes del chavismo.
«Tengo pruebas en el caso Odebrecht que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros», ha añadido Ortega, al tiempo que ha advertido: «En Venezuela lo que ha ocurrido es la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro. Lo que ocurre en Venezuela puede permear a toda la región».
«Lo más grave es que todo está relacionado con la corrupción. Lo que ocurre conmigo es por una serie de denuncias que hice», ha afirmado la fiscal en la apertura de la XXII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM), en la que fue tratada como la «fiscal legítima» de Venezuela.
Según Ortega, la crisis en Venezuela fue provocada por la corrupción y amenaza con expandirse a toda la región.
Ha agregado que en Venezuela no hay ninguna garantía de justicia, ya que lo que quiere el «régimen» de Maduro es impunidad en los casos de corrupción.
«Hay que recuperar la democracia en Venezuela, sin tener autoridades vinculadas a la corrupción», ha afirmado.
Ortega ha señalado que, tras ser ilegítimamente destituida por investigar la corrupción en Venezuela, ha sido sustituida por una persona contra la que existen seis investigaciones por corrupción.
La exfiscal ha señalado que los seis expedientes contra el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA y que no servirá de nada archivar los procesos y esconder las pruebas porque tiene en su poder copias certificadas de los documentos comprometedores.
Luisa Ortega llegó a Brasil en la madrugada de este miércoles, pocas horas después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciara que pedirá a Interpol su captura y la de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer.
Ortega, a quien el Gobierno de Colombia ha ofrecido asilo, fue destituida de su cargo el 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de composición oficialista, que la acusa de haber cometido «actos inmorales».
Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por el nuevo fiscal general de integrar una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.
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