El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reclamado movilizar 1,3 billones de dólares cada año antes de 2035 para financiar proyectos climáticos en los países en desarrollo.
Durante un discurso pronunciado en la Semana de Acción Climática de Londres, Guterres volvió a presentar el calentamiento global como un escenario de «caos climático» que justificaría una expansión extraordinaria del gasto, el crédito y la intervención de los organismos financieros internacionales, según recoge Breitbart News.
La cifra no tendría que proceder exclusivamente de los presupuestos públicos. La ONU pretende reunirla mediante una combinación de fondos gubernamentales, bancos multilaterales, instituciones financieras y capital privado. Sin embargo, una parte sustancial del riesgo terminaría descansando sobre los contribuyentes, los Estados y organismos respaldados por dinero público.
300.000 millones anuales liderados por los países ricos
Guterres exigió que las economías desarrolladas cumplan el compromiso de movilizar 300.000 millones de dólares anuales para las naciones en desarrollo. A esta cantidad se sumaría capital privado y financiación multilateral hasta alcanzar el objetivo global de 1,3 billones de dólares cada año.
El secretario general pidió además más aportaciones al Fondo para Pérdidas y Daños y al Fondo Verde para el Clima, dos de los principales mecanismos internacionales utilizados para transferir recursos hacia proyectos climáticos. «Los 300.000 millones prometidos a los países en desarrollo deben entregarse mediante pasos concretos para movilizar 1,3 billones de dólares al año antes de 2035», afirmó.
La propuesta equivale a construir una gigantesca arquitectura financiera internacional cuyo tamaño superaría el presupuesto anual de numerosos Estados sumados.
El pedido de Guterres: préstamos «agresivos» de los bancos multilaterales
El dirigente de la ONU reclamó que los bancos multilaterales de desarrollo utilicen «agresivamente» la ampliación de su capacidad crediticia. Según Guterres, las reformas recientes han permitido aumentar entre 600.000 y 800.000 millones de dólares la capacidad de préstamo de estas instituciones.
La intención es destinar ese margen a redes eléctricas, transporte público, sistemas de agua, energías renovables y medidas de adaptación climática. También pidió adaptar los instrumentos financieros a la escala de la agenda climática, incluyendo préstamos con plazos de hasta 50 años. La fórmula permitiría ejecutar grandes proyectos en el presente, pero trasladaría su pago y sus riesgos a varias generaciones futuras.
Una factura pública presentada como «justicia climática»
La ONU sostiene que los países desarrollados tienen una responsabilidad especial por sus emisiones históricas y deben financiar la transición energética del resto del mundo. Ese planteamiento convierte la política climática en un mecanismo permanente de redistribución internacional, con pagos, subvenciones, préstamos concesionales y posibles reestructuraciones de deuda.
Los defensores del modelo lo presentan como «justicia climática». Sus críticos advierten de que puede generar nuevos compromisos sin control democrático suficiente, favorecer proyectos poco transparentes y aumentar el endeudamiento de países que ya atraviesan graves desequilibrios fiscales.
Guterres no explicó qué impuestos, recortes o mecanismos concretos permitirían reunir semejante cantidad de dinero de manera sostenida. Tampoco detalló cómo se evitarán el despilfarro, la corrupción o el fracaso de proyectos financiados en Estados con instituciones débiles.
África, en el centro de la estrategia de Guterres
El secretario general destacó que África posee alrededor del 60% de los mejores recursos solares del planeta y cerca del 30% de los minerales considerados críticos. También recordó que más de 600 millones de africanos carecen todavía de electricidad.
Guterres denunció que el continente recibe únicamente el 2% de la inversión mundial en energías limpias y lo calificó como una injusticia y una oportunidad perdida.
Sin embargo, la receta propuesta vuelve a pasar por una movilización masiva de capital dirigida desde instituciones internacionales, en lugar de priorizar reformas internas, seguridad jurídica, propiedad privada, estabilidad política y condiciones favorables para la inversión productiva.
La abundancia de recursos naturales no garantiza el desarrollo cuando persisten la corrupción, la violencia, la falta de infraestructuras y la inseguridad regulatoria.
La ONU amplía su poder sobre la economía mundial
La propuesta de Guterres no se limita a financiar paneles solares o infraestructuras resistentes a fenómenos extremos. Implica orientar el crédito internacional, las decisiones de los bancos de desarrollo y grandes flujos de inversión hacia prioridades definidas por la gobernanza climática de Naciones Unidas.
Los gobiernos tendrían que reformar regulaciones, acelerar permisos, rediseñar redes energéticas y canalizar recursos hacia proyectos compatibles con los objetivos climáticos.
El sistema financiero internacional asumiría así un papel político creciente: determinar qué sectores reciben capital barato y cuáles quedan penalizados por no ajustarse a la transición verde.
El coste se trasladará a ciudadanos y empresas
Aunque la ONU hable de «movilizar» recursos públicos y privados, el dinero no aparece de la nada. Los fondos públicos proceden de impuestos o deuda. Los créditos multilaterales están respaldados por Estados. Las subvenciones exigen presupuestos. Y las obligaciones regulatorias impuestas al sector privado terminan repercutiendo en precios, inversión y empleo.
El objetivo de 1,3 billones anuales supone comprometer recursos de manera sostenida durante años, incluso en un contexto de deuda pública elevada, bajo crecimiento y deterioro de los servicios esenciales en numerosos países occidentales.
Antes de exigir nuevas transferencias internacionales, los gobiernos deberían explicar a sus ciudadanos cuánto pagarán, quién controlará los proyectos y qué resultados verificables recibirán a cambio.
La adaptación ante riesgos climáticos puede exigir inversiones razonables y concretas. Pero eso no convierte cualquier cifra pronunciada desde una tribuna de la ONU en una obligación incuestionable.
Guterres propone una movilización financiera gigantesca, sostenida por deuda, impuestos y poder supranacional, mientras evita responder la pregunta esencial: quién pagará finalmente una factura de 1,3 billones de dólares cada año.
