Japón castigará con hasta dos años de prisión o una multa máxima de 200.000 yenes a quienes dañen o profanen públicamente la bandera nacional. La nueva ley, aprobada este viernes por el Parlamento, constituye una de las principales victorias de la agenda conservadora de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Según ha informado Associated Press, la norma prohíbe dañar, retirar o deteriorar la bandera japonesa —conocida como hinomaru— de una forma que provoque «incomodidad extrema o sensación de repulsión» entre otras personas. La prohibición también podrá aplicarse a quienes retransmitan en directo o publiquen en Internet imágenes de esos actos.

El texto recibió el respaldo de la coalición formada por el Partido Liberal Democrático y el Partido de la Innovación de Japón. También votaron a favor el Partido Democrático para el Pueblo y Sanseito, pese a pertenecer a la oposición. La ley entrará en vigor veinte días después de su promulgación.

El Gobierno de Takaichi ha defendido la reforma argumentando que el Código Penal japonés ya sancionaba los daños contra banderas extranjeras, en especial las expuestas en embajadas y otras instalaciones diplomáticas, pero no ofrecía una protección equivalente al emblema nacional.

La primera ministra había calificado esa diferencia como una anomalía. «¿No es extraño que profanar o romper una bandera extranjera pueda llevar a prisión, pero que se pueda tratar la bandera japonesa como se quiera?», señaló antes de la aprobación de la norma.

El partido gobernante ha precisado durante la tramitación parlamentaria algunas de las conductas que podrán ser perseguidas. Entre ellas figuran retirar y arrojar una bandera colocada en un edificio municipal, quemarla, romperla o cortarla en un lugar público, pisotearla o cubrirla de barro.

La ley también permitirá castigar la difusión pública de imágenes en las que una persona destruya una bandera dentro de un espacio privado. Por el contrario, quedarán fuera de la prohibición las representaciones del emblema en dibujos animados, obras pictóricas o imágenes creadas mediante inteligencia artificial, al no tratarse de banderas físicas. Tampoco será delito deteriorar las pequeñas banderas utilizadas para decorar algunos platos infantiles.

La redacción de la norma ha provocado dudas sobre los criterios que utilizarán los tribunales. Durante el debate parlamentario, el diputado del Partido Liberal Democrático Akihisa Shiozaki admitió que resultaba difícil establecer de antemano todos los supuestos y aseguró que cada caso dependerá de sus circunstancias concretas.

La oposición y varios colectivos jurídicos han denunciado que la ley puede limitar la libertad de expresión y otorgar un margen excesivo a las autoridades para decidir qué comportamientos resultan ofensivos.

Un total de 148 expertos jurídicos, entre ellos varios especialistas en Derecho Penal, presentaron una declaración contra el proyecto. Los firmantes expresaron su preocupación por la posibilidad de que la norma restrinja la expresión política y cuestionaron que una conducta pueda ser castigada en función del sentimiento de rechazo que provoque en terceros.

El hinomaru, formado por un círculo rojo sobre fondo blanco, no obtuvo reconocimiento legal como bandera nacional hasta 1999. Su utilización continúa generando controversia en algunos sectores de la izquierda japonesa debido a su vinculación con el periodo imperial y la expansión militar de Japón durante la primera mitad del siglo XX.

Japón mantiene la sucesión imperial masculina

El Parlamento japonés también aprobó este viernes una reforma de la Ley de la Casa Imperial que mantiene la prohibición de que una mujer pueda acceder al Trono del Crisantemo.

La modificación permitirá incorporar mediante adopción a parientes varones de antiguas ramas de la familia imperial. Aunque los hombres adoptados no podrán convertirse en emperadores, sus futuros hijos varones sí podrán entrar en la línea sucesoria. La reforma también permitirá que las princesas conserven su condición imperial después de casarse con ciudadanos sin ascendencia real.

La princesa Aiko, hija del emperador Naruhito, continuará excluida de la sucesión pese a su popularidad y al respaldo social a la posibilidad de que Japón vuelva a tener una emperatriz. La legislación establece que el trono sólo puede ser heredado por un varón perteneciente a la línea masculina de la familia imperial.

La continuidad de la dinastía depende a largo plazo del príncipe Hisahito, sobrino de 19 años del emperador y único integrante joven de la familia con derechos sucesorios. La reforma promovida por Takaichi evita abrir el trono a las mujeres y apuesta por recuperar ramas masculinas alejadas para garantizar la supervivencia del linaje.