La Embajada de los Estados Unidos en España ha pedido a sus proveedores que firmen un documento en el que certifiquen que sus políticas de «diversidad e inclusión» (‘woke’) no infringen las leyes antidiscriminación estadounidenses. Esta medida se alinea con la estrategia promovida por Donald Trump desde su regreso a la presidencia, orientada a eliminar iniciativas que fomenten criterios distintos al mérito en la administración pública.
Según ha revelado El Confidencial, esta exigencia sólo se aplica a aquellas operaciones que se rigen por la legislación de EEUU. Las empresas afectadas disponen de cinco días para presentar por escrito su conformidad con estos requisitos, que se extienden a todas las entidades del Gobierno federal. Una compañía que solo opere en territorio español no estaría sujeta a esta norma, pero si presta servicios tanto en España como en EEUU deberá ajustarse a la regulación impuesta por la administración estadounidense.
El principal desafío para las empresas radica en armonizar esta directriz con la legislación española vigente en materia de igualdad. En noviembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que desarrolla un marco normativo para «la promoción de la igualdad y la no discriminación de personas LGTBI en el ámbito empresarial».
Esta iniciativa de la Administración Trump no es nueva. Poco después de asumir el cargo, su Oficina de Gestión de Personal envió una directiva el 22 de enero ordenando el cierre de todas las oficinas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en los organismos gubernamentales y colocando en suspensión administrativa a su personal. Adicionalmente, se han eliminado los fondos destinados a estas políticas y se han revertido las órdenes ejecutivas de su predecesor, Joe Biden, que promovían su aplicación tanto en el sector público como en el privado.
En su discurso de investidura en el Capitolio, Trump reafirmó su visión de una sociedad basada en el mérito, sin considerar factores raciales o de identidad. Con esta política, su administración busca desmantelar las estructuras de DEI que fueron impulsadas en los últimos años y revertir la normativa que fomentaba su implantación en empresas y organismos oficiales.
