El expresidente del Gobierno envió una carta para presionar a la oposición y obligarlos a aceptar las condiciones de Maduro para las elecciones del mes de abril.
José Luis Rodríguez Zapatero cruzó el pasado jueves la línea de la deslealtad con el Estado. La labor del expresidente del Gobierno en Venezuela como mediador, muy cuestionada por opositores y dirigentes internacional, pasó a un segundo plano al enviar una carta a la delegación de la oposición venezolana que participa en el diálogo con el Ejecutivo para presionar y lograr que suscribieran un acuerdo que avala todas las propuestas chavistas.
«De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos», aseguró Zapatero.
La misiva de Zapatero encontró la respuesta de Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, que aseguró que es el momento de «aplicar más sanciones y acoplar un sistema que abra el camino a una transición que libere a 30 millones de venezolanos secuestrados por la narcotiranía». Para el dirigente opositor, la Organización de Estados Americanos (OEA) debe asumir la mediación de las reuniones de negociación. “La alternativa es dejar trabajar a la OEA y a Luis Almagro”, sentenció.
La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, publicó una carta de respuest a Zapatero. Becerra calificó el acuerdo como un “chantaje del régimen” y expresó sentirse indignada ante la solicitud del ex mandatario. “Concede usted credibilidad a un régimen que lo ha dilapidado mientras se muestra exigente con una oposición perseguida, encarcelada, exiliada, asesinada. Asesinada, señor Zapatero.”, aseveró.
La vicepresidenta también aseguró que las próximas elecciones presidenciales en Venezuela servirán como una transición “de la dictadura actual a una de partido único, estilo cubano”. “Deje de avergonzar a España y a la Unión Europea”, finalizó Becerra.
El Ministerio de Exteriores ha preferido guardar silencia ante las declaraciones de Zapatero. Rajoy siempre ha apoyado su labor en Venezuela y su situación, tras la expulsión del embajador, es comprometida pues en los últimos tiempos se ha convertido en una de las voces más contundentes contra el chavismo en Bruselas.
Deslealtad manifiesta
Venezuela y España han mantenido relaciones tensas desde que la autodenominada revolución bolivariana tomó el poder en 1999, sobre todo, durante las gestiones de los presidentes de Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, ambos del Partido Popular.
El pasado 25 de enero, el Gobierno de Venezuela decidía expulsar del país y declarar persona non grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, alegando «continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos exteriores». La respuesta de Mariano Rajoy no se hizo esperar y el embajador venezolano en Madrid, que había sido convocado a consultas días antes, tomó el camino contrario rumbo a la capital chavista.
Caracas acusó a Rajoy de haber recibido «infames instrucciones» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el encuentro que ambos mantuvieron el pasado 26 de septiembre en Washington.
«Lamentablemente, el Reino de España es uno de los países más desiguales de Europa: son incontables los desahucios diarios, que le niegan el derecho a la vivienda a decenas de miles de familias humildes, para favorecer a la banca y empresas inmobiliarias; cuenta con las tasas de desempleo más alarmantes de Europa, entre las más altas del mundo, especialmente en lo referente al empleo juvenil, que se traduce en desesperanza para las nuevas generaciones españolas; se han descubierto escandalosos casos de corrupción de miembros del partido gobernante, incluyendo sobresueldos y prebendas desvergonzadas acordadas a espaldas de la ciudadanía», subrayó el insólito informe difundido por las autoridades chavistas.
Lejos de posicionarse del lado del Gobierno español, como sí hizo el también expresidente socialista Felipe González, Zapatero decidió que era el momento de viajar a Caracas con el objetivo de pactar las condiciones necesarias para la celebración de las citadas elecciones.
Zapatero mantuvo un encuentro con Maduro el pasado martes y no realizó ningún reproche al presidente venezolano acerca de la expulsión del embajador español o los continuos insultos contra Rajoy y las instituciones españoles. Más bien al contrario, el socialista recibió los halagos del chavista que valoró su «lucha por la paz»: “Todas las voces que estén dispuestas a colaborar en el fortalecimiento del diálogo democrático son bienvenidas. Está todo dado para firmar acuerdo con la oposición. Junto a José Luis Rodríguez Zapatero”.
Maduro considera a Zapatero un «amigo» y ha realizado numerosas declaraciones públicas ensalzando la figura del español: “Vamos a explorar nuevos caminos con nuestro amigo Rodríguez Zapatero, que tanto nos ayuda todos los días en silencio. Le doy las gracias desde aquí al ex presidente de España, un hombre perseverante que tiene fe en la política”, aseguró el bolivariano el pasado mes de mayo.
Y es que Zapatero nunca ha tenido reparos en salir en defensa de Maduro cuando lo ha considerado oportuno y ha asegurado en repetidas ocasiones que «ganó las elecciones democráticamente», dejando de lado las dudas dentro de la oposición del país y de numerosos países americanos o europeos sobre la limpieza del recuento electoral.
Las diferencias con González
La postura de Zapatero en Cataluña choca con la de González. El también expresidente del Gobierno ha mostrado siempre su rechazo a las tesis chavistas y, tras los comicios que otorgaron la victoria a Maduro, recordó que en Venezuela «nunca podría haber unas elecciones limpias y libres».
«Me gustaría que el presidente Maduro comprendiera que en este momento ha convertido a Venezuela en un Estado fallido donde las instituciones no existen y las que hay, las niega; donde no se puede dar de comer ni medicamentos a los ciudadanos, donde no existe seguridad ciudadana. Está convirtiendo la revolución bolivariana en un Estado fallido», explicó González tras la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
«¿Cuál es la paradoja de Venezuela? La oposición y una parte importante del chavismo está defendiendo que se cumpla la Constitución chavista, la bolivariana, y Maduro se la quiere cargar con una Asamblea Nacional Constituyente. Esto tiene sentido porque el día 3 de agosto, si esta elección de la Constituyente culmina, esa Constituyente ocupará el palacio legislativo, desalojará a la fuerza a la Asamblea elegida por los ciudadanos y se acabará el pluralismo democrático», sentenció.
El socialista siempre ha mostrado su desacuerdo con la presencia de Zapatero en Venezuela y ha reconocido que «nadie ha hablado con él de esa mediación» a pesar de su experiencia en la región y en el régimen bolivariano. No obstante, a la hora de valorar los resultados, González es tajante: «La verdad es que no conozco el contenido de esas negociaciones, no se lo que está sobre la mesa. Así que solo puedo valorar resultados. Y a tenor de esos resultados, usted misma puede ver, que hace un año había 70 presos políticos y hoy hay 600”.
‘Rajoy, ponte a cuatro patas’
Los insultos de Maduro contra Rajoy son constantes y el líder chavista dedica larga alocuciones a valorar la actualidad española y atacar su historia, democracia y costumbres. «El gobierno más corrupto que jamás se haya conocido en la historia de España lo preside Mariano Rajoy, que como muchos oligarcas de este mundo está obsesionado con Venezuela», sentenció el presidente venezolano a finales de enero en un discurso que, una vez más, no recibió réplica de Zapatero.
«Que se pongan en cuatro en patas porque lo que le viene es ‘pela’ (paliza), ‘pela’ y más ‘pela’ del pueblo de Venezuela», agregó Maduro, que culpa a España de la decisión de la Unión Europea de formalizar las sanciones contra siete altos cargos de la llamada revolución bolivariana que incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario. Estos castigos se suman a los impuestos en noviembre por la UE que implican un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la «represión interna» en Venezuela.
La represión de las manifestaciones
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió este jueves un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.
Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, agentes de seguridad del Estado utilizaron «con frecuencia» una «fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones» y detuvieron y encarcelaron «a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes».
Las protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo de Venezuela dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y sacaron a la calle a miles de personas en todo el país, sobre todo en Caracas.
El segundo punto importante del examen preliminar se refiere al trato recibido por los detenidos después de las manifestaciones, pues, según la Fiscalía, algunos de ellos fueron «presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato».
El foco principal de la evaluación se centra en los hechos ocurridos a partir de abril de 2017, pero no se descarta hacer indagaciones sobre sucesos violentos anteriores, aseguraron fuentes del tribunal.
Este examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante.
A partir de ahora, la Fiscalía mantendrá contactos con las autoridades venezolanas para evaluar las investigaciones y enjuiciamientos relevantes llevados a cabo en su sistema jurídico nacional.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados.
El paso dado por la Fiscalía tiene como origen los datos enviados a La Haya por diversas fuentes, aunque Bensouda se reserva el derecho a utilizar informes adicionales que podría recibir en el transcurso de sus pesquisas.
Una de esas fuentes fue la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, que en noviembre del año pasado se reunió más de una hora y media con personal de la Fiscalía de La Haya para entregarle pruebas de supuestos abusos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado entre 2015 y junio de 2017.
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