La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz ha pedido ante la Corte Penal Internacional (CPI) una «orden de arresto internacional» contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad, como más de 8.000 asesinatos y 17.000 detenciones arbitrarias.
Ortega se ha reunido durante casi una hora y media con personal de la Fiscalía de la CPI para presentar «más de 1.000 elementos probatorios», entre ellos «reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas», según ha dicho a la prensa en La Haya.
Esas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal general de Venezuela, demostrarían las responsabilidades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, incluidos «asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil», ha comentado Ortega a su salida de la CPI.
La exfiscal ha dicho que se ha visto «en la necesidad» de acudir a este tribunal porque «en Venezuela no hay justicia», y ha indicado que en su país «no es posible que se logre sancionar a los responsables de esos crímenes».
Ha añadido que ha existido «un ataque sistemático y generalizado contra la población civil» y que «funcionarios policiales y militares» asesinaron a 1.777 personas en 2015, a 4.667 en 2016 «bajo las mismas condiciones» y a 1.846 hasta el mes de junio de 2017.
La exfiscal, que presidió el Ministerio Público de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, ha incluido en la denuncia la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), por la cual «fueron asesinadas 505 personas» y cuyos responsables habrían sido «grupos tácticos de combate», ha asegurado Ortega.
Todos esos crímenes se habrían cometido «bajo las órdenes del Ejecutivo» y amparados «en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social», ha indicado Ortega, que en su breve intervención ante los medios utilizó dos veces el término «razia» para describir los supuestos delitos cometidos.
Ha añadido que «la militarización de la seguridad ciudadana» tuvo como consecuencia que se permitiera «el uso de las armas de fuego en las manifestaciones, lo que también trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo de Venezuela».
Además de implicar a Maduro, la exfiscal ha presentado denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.
«Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad», ha comentado Ortega, así como «por el hambre, las miserias» y «las penurias a las que está sometido el pueblo».
La exfiscal, que ha comparecido flanqueada por su equipo legal en una declaración sin preguntas, se ha dirigido directamente a la ciudadanía venezolana, a la que le ha pedido «paciencia y esperanza» porque, según dijo, sus denuncias van a ser «exitosas».
Son ya varias las comunicaciones que el tribunal de La Haya ha recibido sobre Venezuela, país que de momento no figura en el listado de «exámenes preliminares» de su Fiscalía.
Sin embargo, los informes y expedientes entregados este jueves podrían tener un mayor efecto porque no se basan sólo en testimonios de víctimas, sino también en informes técnicos que configuró el Ministerio Público de Venezuela.
Las pruebas presentadas este jueves estuvieron en manos del sistema de Justicia venezolano, pero no se utilizaron posteriormente porque el Ejecutivo hizo todo lo posible para detener las investigaciones, han explicado a Efe fuentes del equipo legal de Ortega.
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