El Pacto de Defensa Conjunta de La Meca tenía apenas 48 horas cuando fue puesto a prueba. El viernes 7 de agosto, en el Palacio Al-Safa, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif firmaron una cláusula que emula al Artículo 5 de la OTAN: un ataque armado contra cualquiera de los tres será considerado un ataque contra todos. Como no podía ser de otra manera, el ostentoso encuentro fue profusamente fotografiado y difundido mundialmente, después de todo, para eso invierten tanto estos gobiernos en su comunicación. Por su parte, Trump lo calificó como «un primer paso grande, audaz e importante».

Pero el domingo, un dron hutí impactó en una refinería de Aramco en Jizan. Y el ataque no trajo nada, ni una respuesta militar coordinada, ni una consulta de emergencia entre los tres firmantes. Sólo silencio operativo, mientras la maquinaria propagandístico-diplomática seguía funcionando a pleno: reuniones de seguimiento, anuncios de un secretariado permanente con sede en Arabia Saudita, y hasta trascendidos de que entre seis y siete países de mayoría musulmana habían mostrado interés en sumarse al bloque.

Ese contraste entre la pompa de la firma y la parálisis operativa ante el primer ataque es la clave de todo lo que vino después. Qué activa o compromete el acuerdo es ahora tema de polémica, pero lo que se desató en los días siguientes no resiste la retórica de los tecnicismos: se trata de un desafío que expone el desmoronamiento de la principal narrativa de seguridad que Oriente Medio había producido en años, protagonizado no por un ejército rival, sino por una milicia yemení sin fuerza aérea ni marina de guerra convencional. Y conviene no idealizar tampoco a ese adversario: organismos de Naciones Unidas y Amnistía Internacional llevan años documentando que buena parte de esas filas se nutre de menores de entre 15 y 17 años reclutados en escuelas coránicas y centros comunitarios. La imagen real, entonces, no es la de dos ejércitos profesionales midiéndose, sino la de tres países con aviación de última generación y presupuestos militares multimillonarios, incapaces de neutralizar a una fuerza que combate muy menor.

Para entender por qué el pacto nació ya debilitado conviene mirar su cronología completa, que es más larga y más sinuosa de lo que sugiere la fecha del 7 de agosto. El proceso empezó en septiembre de 2025, cuando Arabia Saudita y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa bilateral, el mismo que, meses después, no impidió que Islamabad se quedara quieto cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó drones y misiles contra territorio saudí. Turquía inició su proceso formal de adhesión en enero de 2026. Un mes después, en febrero, Arabia Saudita y Egipto conformaron un «grupo de desescalada» paralelo, cuya puerta quedó abierta para una eventual incorporación de El Cairo al esquema mayor. Recién en agosto, con la guerra entre Estados Unidos e Irán de fondo, las tres piezas se soldaron.

Esa acumulación de acuerdos bilaterales y grupos regionales sugiere menos el diseño de una arquitectura de seguridad profesional y más bien el intento (con la foto de hoy podríamos decir: chapucero) de tejer una red de contención y procurar algún tipo de liderazgo regional mientras el terreno se movía debajo de los tres países.

Y el terreno se movió, en efecto, de manera dramática, y de un modo que vuelve aún más incómoda la posición de Pakistán. Arabia Saudita fue blanco directo de ataques iraníes durante la guerra de 2026: drones y misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica golpearon infraestructura saudí en más de una ocasión, el mismo tipo de agresión estatal que el Pacto de La Meca dice estar diseñado para disuadir. Pero mientras eso ocurría, Pakistán jugaba, simultáneamente, un papel casi opuesto en el tablero mayor: terminó siendo el anfitrión y garante diplomático de las conversaciones de paz entre Washington y Teherán. Es decir, el mismo país que firmó un compromiso de defensa mutua contra las agresiones que sufre Arabia Saudita se convirtió, casi al mismo tiempo, en el árbitro de las conversaciones, un lugar desde el cual resulta bastante más cómodo posar de mediador neutral que de aliado dispuesto a bombardear a los proxies de la contraparte que se sienta en su propia mesa de negociación.

Si hay un actor cuya conducta resume la ambigüedad de este momento, es Arabia Saudita. En el mismo año en que lideró la firma de un pacto de defensa mutua percibido como un mensaje de independencia frente a Washington, Riad también avanzó, a fines de julio, en un acuerdo de cooperación nuclear civil con Estados Unidos que comprometía por décadas la gestión de empresas estadounidenses sobre futuras centrales nucleares saudíes (un acuerdo cuya entrada en vigor, según trascendió, Donald Trump condicionó a la firma de los Acuerdos de Abraham que el príncipe se niega a suscribir desde antes del atentado del 7 de octubre, y para el que ya no le quedan demasiadas excusas nuevas que inventar). Es decir: mientras negociaba una vía de escape de la tutela de seguridad estadounidense por un lado, Riad seguía profundizando su dependencia tecnológica y energética de Washington por el otro.

La escena más elocuente de esa sinuosidad ocurrió en Teherán, no en La Meca: una delegación saudí asistió al funeral de Jamenei, inclinándose ante el féretro del líder de un régimen que Riad trató como enemigo existencial durante medio siglo. Entre cumplido diplomático y mensaje velado, ese gesto capturó mejor que cualquier comunicado oficial la lógica real del reino: cubrirse por todos los flancos posibles, sin cerrarse ninguna puerta, en un momento en que ya no está claro quién garantiza la seguridad de quién.

Ese mismo mes de julio, mientras se gestaba el pacto de La Meca, el canciller saudí Faisal bin Farhan mantenía conversaciones paralelas con contrapartes europeas sobre las amenazas hutíes a la navegación en el Mar Rojo, y Riad impulsaba la formación de una coalición marítima internacional bautizada como una «Coalición del Mar Rojo», para proteger el tráfico comercial. Es decir, incluso antes de firmar su propio pacto de defensa «islámico», Arabia Saudita ya estaba buscando en paralelo el respaldo de potencias occidentales para el mismo problema. La multiplicación de mecanismos no habla de una estrategia clara, sino de una potencia regional que reparte apuestas en varias mesas a la vez porque no confía plenamente en ninguna.

Es posible que la doctrina diplomática de la casa real saudí fuera concebida con la lógica de la Guerra Fría, pensada para desalentar una agresión estatal. Presupone un adversario con territorio identificable, cadena de mando visible y algo que perder si la disuasión colectiva se activa. Pero han pasado muchos años y el complejísimo tablero de Medio Oriente, siempre inextricable para Occidente, debería ser más fácil de leer para un príncipe saudí que lleva su vida gobernando en esa vecindad.

Y desde ya que en la lógica geopolítica de hace medio siglo los proxies iraníes son difíciles de encajar. Los hutíes controlan Saná y buena parte del norte de Yemen desde 2014, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente (respaldado desde 2015 por la coalición liderada por Arabia Saudita) sostenía el sur y una porción de la costa occidental, incluida históricamente Mokha, un puerto rehabilitado justamente para esquivar el control hutí sobre Hodeida. Sin embargo, ese mapa voló por los aires en las últimas horas. En un avance vertiginoso que apretó el cerco sobre el estratégico corredor de Bab al-Mandeb, las fuerzas hutíes tomaron el puerto de Mokha el 10 de septiembre y, al día siguiente, capturaron la localidad de Dhubab y la isla de Perim. Bloquear petroleros saudíes desde el 22 de julio, declarar zonas de exclusión naval y ejecutar esta veloz progresión militar no es el comportamiento de un actor que gana tranquilo una guerra de desgaste, sino una jugada contundente que parece indispensable para Irán. 

Ahí aparece, además, un detalle que el propio Pacto de La Meca prefiere no mirar de frente: ni Turquía ni Pakistán tienen ningún interés en calificar la ofensiva hutí como lo que en el fondo es: una jugada de Irán ejecutada por un proxy que obligaría, tal vez, a activar la cláusula de defensa mutua contra una agresión de origen estatal. La ambigüedad del lenguaje no es un descuido diplomático: es, probablemente, la única cláusula del pacto que las tres partes sí están dispuestas a cumplir a rajatabla.

Los hutíes, mientras tanto, llevan más de una década sobreviviendo a una guerra civil contra la coalición liderada por Arabia Saudita, y desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 aprendieron a usar su posición geográfica sobre el Mar Rojo y el golfo de Adén como un arma de proyección de poder desproporcionada a su tamaño real. El Consejo de Seguridad de la ONU viene documentando esa capacidad desde enero de 2024, cuando aprobó la resolución 2722 exigiendo el cese de los ataques hutíes contra buques comerciales; esa resolución fue renovada al menos cuatro veces desde entonces, en intervalos de seis meses, sin que ninguna renovación haya venido acompañada de una fuerza de intervención real.

Frente a ese historial, un pacto de disuasión mutua inspirado en el siglo XX no tiene ninguna palanca que accionar contra una milicia que combate con drones baratos, misiles balísticos de origen iraní y lanchas no tripuladas, y que cuando ocupa territorio no necesita sostener un frente convencional prolongado para consolidar la ganancia estratégica. Un vocero hutí fue explícito al respecto: declaró que la navegación seguía siendo segura para todas las compañías, excepto para los buques saudíes. El resultado de este paripé de traidores fue una producción petrolera saudí en su nivel más bajo desde la Guerra del Golfo de 1991, un dato que ninguna cumbre de disuasión colectiva logró revertir.

De nuevo es necesario recordar que las limitaciones del pacto son un ingrediente burocrático que no logra siquiera disimular el problema de la voluntad política real de sus firmantes. Cuando la agresión llegó, la respuesta de Turquía y Pakistán fue verbal, no militar. La cancillería turca condenó el ataque «en los términos más enérgicos» y reafirmó su respaldo a Riad; el primer ministro pakistaní habló de una «solidaridad inquebrantable» con la monarquía saudí. Circularon informes de que Pakistán evaluaba lanzar ataques aéreos contra posiciones hutíes en la provincia yemení de Saada, con el objetivo militar explícito de despejarla, pero la decisión final aún no llega, lo que demuestra la incómoda sociedad del pacto. Turquía, por su parte, mantiene activos militares desplegados en Somalia, donde días antes había liberado a marineros secuestrados, y no movió una sola unidad hacia Yemen. El golpe más artero, no obstante, no vino de Ankara ni de Islamabad, sino de Washington: el propio amigo del príncipe saudí, Donald Trump, rechazó los numerosos ruegos de Mohammed bin Salman de atacar a los hutíes. Ni siquiera el garante histórico de la seguridad saudí estaba dispuesto a intervenir militarmente. Es esperable que EE.UU. reaccione ante los nuevos ataques hutíes a la circulación de petróleo, pero si el presidente norteamericano finalmente se mueve, claramente no será por Mohammed.

Días atrás, los propios analistas de defensa en Islamabad advirtieron, incluso antes de la primera prueba, que el acuerdo no debía leerse como el equivalente de la OTAN pese a su cláusula de defensa colectiva. Y desde Teherán, el vocero de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, restó importancia al pacto públicamente, presentándolo no como una amenaza sino como la confirmación de que la región ya no confía en las garantías de seguridad estadounidenses, una lectura que, jugada tras jugada, la propia inacción del bloque terminó validando.

Este fracaso tiene precedentes casi calcados. En 1955 se firmó el Pacto de Bagdad, un intento de construir una estructura de seguridad colectiva al estilo OTAN para Oriente Medio que incluía, con una simetría casi inquietante, a los mismos Turquía y Pakistán de hoy, junto a Irán (entonces bajo el Sha) e Irak, bajo el nombre posterior de Organización del Tratado Central (CENTO). Ese pacto sobrevivió a la revolución iraquí de 1958, que derrocó a la monarquía hachemita y sacó a Bagdad de la alianza, pero no resistió la Revolución Islámica de Irán de 1979, que convirtió a uno de sus miembros fundadores en el enemigo declarado del resto y selló su disolución definitiva.

La Liga de los Estados Árabes, fundada incluso antes que las Naciones Unidas, tampoco logró nunca traducir sus principios fundacionales en una respuesta militar colectiva creíble: quedó expuesta como un foro más simbólico que operativo durante la invasión iraquí de Kuwait en 1990, cuando la ausencia de un compromiso compartido con la seguridad colectiva llevó a que la intervención real terminara en manos de una coalición liderada por Estados Unidos, no por la propia Liga. La Alianza Militar Islámica liderada por Arabia Saudita, lanzada en 2015 con más de tres decenas de países miembros sobre el papel, tampoco dejó un historial operativo que la distinga de un gesto de relaciones públicas.

El patrón se repite porque las causas estructurales se repiten: Turquía apoya abiertamente a Hamás y mantiene una relación ambigua con Teherán, con quien comparte una extensa frontera comercial; Arabia Saudita observa esa cercanía turca con el islam político con la misma sospecha con la que prohibió a los Hermanos Musulmanes dentro de sus fronteras hace más de una década; Pakistán, por su parte, no puede permitirse una guerra abierta con su vecino iraní sólo para honrar un compromiso de papel con Riad. Mientras tanto, del otro lado del espejo de la institucionalidad, los hutíes acumulan resultados militares y territoriales que desafían la lógica convencional, con una fuerza de combate que combina misiles de precisión iraní con reclutas adolescentes.

La suerte del Pacto de La Meca aún se está jugando en tiempo real, y en el complejo y caótico Medio Oriente no parece que sus debilidades de fondo y de forma le vayan a deparar grandes éxitos. Puede que sobreviva como membrete diplomático, como polo de atracción para otros gobiernos sunitas ansiosos de mostrarse independientes de Washington, incluso como excusa retórica contra Israel. Lo que ya no puede pretender es servir de disuasión colectiva. En ese sentido, el Pacto y sus tropiezos son un aporte más a la confusión general reinante. Pero si hay una sola certeza que sobrevive a tanto relato cruzado, es esta: la cosa acaba de complicarse mucho más.