El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha reconocido estar «alarmado» por el «brusco aumento» del uso de la pena de muerte en Irán, donde el pasado martes fue ejecutado Mohamad Ghobadlu, un joven discapacitado intelectual de apenas 23 años que estaba acusado de matar a un agente de Policía durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini.
Según ha relatado Türk, Ghobadlu se convirtió en la víspera en la novena persona ejecutada en relación con las protestas masivas en Irán, y parte del extranjero, por la polémica muerte de Amini, la joven kurdo-iraní fallecida en septiembre de 2022 bajo custodia policial tras ser detenida por llevar mal colocado el velo.
Junto a Ghobadlu también fue ejecutado Farhad Slaimi, un ciudadano kurdo que había pasado los últimos catorce años en prisión. Tras estos dos casos, ascienden al menos a 54 las ejecuciones en Irán en lo que va de año, según informes a los que ha aludido el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
«La pena de muerte no es compatible con el más fundamental de los derechos: el derecho a la vida. Se debe poner fin de inmediato a esta práctica», ha manifestado Türk en un comunicado en el que insta a Teherán a respetar el derecho al debido proceso y a un juicio justo para todos los acusados.
«También me inquietan profundamente los informes sobre confesiones obtenidas bajo coacción. Tales confesiones no deben invocarse como una prueba en ningún proceso», ha añadido finalmente Türk, que insta a Irán a «promulgar una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte» con vistas a «abolir por completo» esta práctica. Varias ONG denunciaron alrededor de 500 de personas muertas a causa de la represión de las protestas.
