Pakistán encabezó en 2025 la clasificación de países más afectados por el terrorismo, tras registrar 1.139 muertes y 1.045 incidentes, el nivel más alto desde 2013, de acuerdo con el Índice de Terrorismo Global (GTI) elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y difundido este mes. El informe atribuye este repunte a un deterioro sostenido de la seguridad interna en un contexto de tensión regional con Afganistán.
El documento señala que el país experimentó un aumento significativo de la violencia desde 2021, coincidiendo con el retorno al poder de los talibanes en Afganistán. En términos comparativos, Pakistán registró en 2025 un volumen de incidentes terroristas seis veces superior al contabilizado en 2020, consolidando una tendencia al alza que altera el equilibrio de seguridad en Asia meridional.
El GTI identifica al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) como el grupo más letal del año, responsable de una proporción relevante de víctimas. No obstante, el ataque más mortífero fue atribuido al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), lo que evidencia la persistencia de múltiples actores armados con capacidad operativa en distintas regiones del país.
Por primera vez en varios años, Afganistán dejó de figurar entre los diez países más afectados por el terrorismo, situándose en la undécima posición. Este cambio se produce en paralelo al incremento de la violencia en territorio paquistaní y a la reconfiguración de las dinámicas insurgentes en la zona.
Las autoridades de Islamabad sostienen que grupos armados, en particular el TTP, operan desde suelo afgano con tolerancia o apoyo implícito del régimen talibán. Kabul rechaza estas acusaciones y niega que su territorio sea utilizado para planificar o ejecutar ataques contra países vecinos. Esta divergencia ha intensificado la fricción diplomática entre ambos gobiernos.
En este escenario, ambas partes sostienen un alto el fuego considerado frágil por observadores internacionales. Mientras Afganistán denuncia la continuidad de acciones hostiles, Pakistán insiste en exigir medidas concretas para impedir la actividad insurgente transfronteriza, situando la cuestión en el centro de la agenda bilateral y de la seguridad regional.