Durante más de dos siglos, Japón permaneció aislado del mundo exterior. Entre los siglos XVII y XIX, bajo la política conocida como sakoku, el Imperio nipón prohibió la entrada de extranjeros y castigó con la pena de muerte a los japoneses que intentaran abandonar el país. A ojos de sus gobernantes, lo que venía de fuera era una amenaza: las potencias coloniales europeas avanzando sobre Asia, los comerciantes que alimentaban la codicia y los misioneros que difundían religiones foráneas.

Según numerosos sociólogos, aquel aislamiento moldeó una identidad nacional basada en la homogeneidad y en la convicción de que la fortaleza del país reside en su pureza cultural y étnica. Aun después del expansionismo militar y de la modernización tecnológica del siglo XX, ese pensamiento sigue presente en parte de la sociedad japonesa, recuerda El Mundo.

La nueva primera ministra, Sanae Takaichi, ha recuperado ese discurso al asumir el poder. Su primera decisión tras jurar el cargo fue crear una oficina destinada a fomentar lo que ha llamado una “sociedad de coexistencia ordenada con extranjeros”: una agencia para vigilar la inmigración ilegal y reforzar el control sobre los residentes foráneos. Con ello, Takaichi relanzó un lema que marcó su campaña —“Japón primero”—, inspirado en el movimiento MAGA del presidente estadounidense Donald Trump, con quien mantiene una estrecha sintonía.

Takaichi, primera mujer en gobernar la cuarta economía mundial, sostiene que la inmigración no es una oportunidad sino un riesgo para la “armonía nacional”. Reconoce que Japón necesita mano de obra en ciertos sectores, pero exige que los extranjeros cumplan condiciones estrictas, como el dominio del idioma y una formación adecuada. Su Gobierno prepara ahora una reforma profunda en materia migratoria que endurecerá los requisitos para obtener visados, permisos de residencia y el cumplimiento fiscal de los extranjeros, que apenas representan un 3% de la población total.

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) ya ha adelantado que se revocarán los permisos de residencia de larga duración a quienes no se ajusten a las nuevas normas. Takaichi ha nombrado como responsable de la nueva cartera de inmigración a la diputada Kimi Onoda, de padre estadounidense y madre japonesa, una figura próxima al partido Ishin, con el que el PLD ha sellado una coalición. Dicha formación propone limitar el número de residentes extranjeros a menos del 10% del total nacional.

La primera ministra también ha tendido la mano al partido Sanseito, en auge, que califica la inmigración como una “invasión silenciosa”. En su primera comparecencia, Onoda afirmó que “los delitos y el comportamiento disruptivo de algunos extranjeros, así como el abuso de los servicios públicos, generan una sensación de injusticia entre los ciudadanos japoneses”. Pese a los rumores de una inminente campaña de deportaciones masivas —desmentidos por el Ejecutivo—, el mensaje ha calado en una parte del electorado conservador.

El debate se intensificó tras conocerse que Japón alcanzó un récord de 3,76 millones de residentes extranjeros. En ciudades como Kawaguchi y Warabi, con presencia destacada de comunidades kurdas, se han registrado enfrentamientos vecinales después de que dirigentes locales atribuyeran el aumento de la delincuencia a la llegada de inmigrantes.

El giro soberanista del Ejecutivo no ha sorprendido en Asia. La nueva líder, discípula política del fallecido Shinzo Abe, se prepara ahora para recibir al presidente Donald Trump, con quien buscará reforzar la alianza de seguridad entre ambos países y definir la futura estrategia de defensa japonesa.