Una de las primeras medidas que adoptó Trump fue la restauración de la denominada Política Ciudad de México, que prohíbe el uso de fondos del Estado para subvencionar a entidades que fomenten el aborto en el extranjero.
Hace un año y medio las clínicas de planificación familiar – esas instituciones neomalthusianas que son alabadas por los progresistas de todo el orbe – gozaban de una salud vigorosa. Al calor de generosas donaciones de Estados Unidos, operaban en ingentes países del Tercer Mundo en los que disfrazaban de filantropía sus sombríos propósitos de control de población.
Sin embargo, cuando el republicano Donald Trump tomó posesión de la Casa Blanca, esta suerte de estado ideal devino en averno. Así, una de las primeras medidas que adoptó Trump – lo hizo transcurridos sólo dos días de su investidura – fue la restauración de la denominada Política Ciudad de México; una política que, implantada por Reagan y posteriormente abolida por Obama, prohíbe el uso de fondos del Estado para subvencionar a entidades que fomenten el aborto en el extranjero.
De este modo, a través de una políticamente incorrecta orden ejecutiva, el presidente Trump suprimió la ayuda económica estadounidense a organizaciones que ‘llevasen a cabo [o] promoviesen activamente el aborto como método de planificación familiar’. Una medida que, motejada de ‘extremista’ por el establishment, no era en verdad sino de sentido común: partiendo de la base de que muchos norteamericanos son contrarios al aborto, es moralmente ilegítimo financiar esa práctica con dinero de todos ellos.
Tal y como relata El País, las consecuencias han sido dramáticas (felizmente dramáticas) para los clínicas de planificación familiar presentes en los países del Tercer Mundo. En Zimbaue, por ejemplo, la principal institución dedicada a estas cuestiones (PSZ) se ha visto forzada a cerrar 600 de los 1200 centros que tenía en áreas rurales.
Lo mismo ha ocurrido en zonas del Este de África. Así, Family Health Options – la filial keniana de Planned Parenthood y la institución de planificación familiar más antigua del país – se encuentra también en una situación un tanto precaria: ha reducido sus programas de difusión, que padecían unas 76.000 mujeres cada año, y ha clausurado su clínica en la costera urbe de Mombasa.
En Sudáfrica, en Uganda, en Madagascar, en Angola… En casi todos los países africanos, la valiente decisión del presidente estadounidense ha conllevado consecuencias positivas para el no nacido, cuya indefensión era total hace unos años.
Las políticas antinatalistas en África
Como ya hemos relatado en La Gaceta, tras la ayuda que proveen diversas entidades públicas y privadas a países subdesarrollados subyace en verdad una colonización ideológica. Una colonización que no consiste tanto en la deseable promoción de la democracia o el imperio de la ley como en la imposición de los eufemísticamente llamados ‘derechos reproductivos’ (aborto, anticonceptivos, etc).
En este sentido se pronunció precisamente hace unos días el Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU, Mons. Bernardino Auza,quien mostró su pesadumbre por el hecho de que la ‘ayuda humanitaria’ se haya convertido en un medio encaminado a alcanzar fines éticamente cuestionables: ‘No pretendemos criticar la asistencia al desarrollo, pero cuando ésta se convierte en un instrumento de imposición y control de los países pobres, debemos denunciarlo’.
