Un alto cargo del régimen iraní ha admitido este martes que alrededor de 2.000 personas han muerto durante las protestas que sacuden el país desde hace dos semanas, en lo que supone el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la represión desplegada contra las movilizaciones provocadas por el colapso económico.

La cifra incluye tanto a manifestantes como a miembros de las fuerzas de seguridad, aunque el funcionario —que habló bajo condición de anonimato con Reuters— no ofreció un desglose detallado de las víctimas. Según su versión, los fallecimientos se deben a la actuación de «terroristas» que habrían infiltrado las protestas.

Las movilizaciones, detonadas por el desplome del valor de la moneda, el encarecimiento de los productos básicos y el deterioro general de las condiciones de vida, representan el mayor desafío interno al régimen en al menos tres años. La crisis se produce además en un contexto de presión internacional creciente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes en 2025.

Las autoridades iraníes han tratado de sostener un discurso dual: por un lado, reconocen que las protestas motivadas por la situación económica son «legítimas»; por otro, han respondido con una represión masiva, detenciones en bloque y el uso de la fuerza letal.

El régimen ha vuelto a acusar a Washington y Tel Aviv de azuzar la inestabilidad interna, insistiendo en que grupos violentos —a los que denomina de forma genérica «terroristas»— habrían secuestrado las movilizaciones populares.

Organizaciones de derechos humanos ya habían advertido de cientos de muertos y miles de detenidos, cifras que ahora quedan ampliamente superadas por el reconocimiento oficial.

Las autoridades impusieron en los últimos días restricciones severas a las comunicaciones, incluido un apagón parcial de internet, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos.

No obstante, vídeos difundidos en redes sociales y verificados por Reuters muestran enfrentamientos nocturnos, uso de armas de fuego, vehículos incendiados y edificios públicos dañados en varias ciudades del país.

La admisión de cerca de 2.000 muertos confirma que Irán atraviesa una de las oleadas represivas más sangrientas de los últimos años, mientras el régimen intenta contener una crisis económica y social que amenaza directamente su estabilidad.