Un informe sobre el covid-19 realizado en Australia ha revelado que el Gobierno no respetó los derechos humanos durante la pandemia por la imposición de la vacuna, la obligación de cerrar negocios arruinando a miles de empresarios o la prohibición de celebrar funerales. Titulado «Daños colaterales», el estudio de la Comisión Australiana de Derechos Humanos se basó en encuestas a más de 5.000 personas y concluyó que muchas de las medidas aplicadas fueron inflexibles y generaron un sufrimiento evitable en amplios sectores de la población.
El cierre de fronteras y las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades dejaron a miles de ciudadanos australianos atrapados en el extranjero sin la posibilidad de regresar. Un hombre que había emigrado a Noruega en 2019 relató que se sintió completamente desamparado por su país y temió por su futuro. Otra mujer denunció que, debido a las estrictas cuarentenas en los hoteles, sólo pudo ver a su madre, enferma terminal, durante seis días antes de su fallecimiento.
Además de los problemas de movilidad, las decisiones del Gobierno también afectaron en el derecho al trabajo y la autonomía personal. La vacunación se convirtió en un requisito para mantener el empleo, acceder a servicios esenciales e incluso participar en la vida pública. Esto generó un intenso debate sobre el equilibrio entre la salud colectiva y la libertad individual. Una mujer embarazada contó que se sintió obligada a inmunizarse para evitar perder su trabajo, pero posteriormente sufrió la muerte fetal de su bebé a las 17 semanas. Su esposo, que había dado positivo en una prueba de covid, no pudo ingresar al hospital y se le negó la posibilidad de sostener a su hijo.
Otro aspecto duramente criticado en el informe fue el impacto de las clases a distancia en los estudiantes más vulnerables. La falta de acceso a tecnología y la imposibilidad de contar con un entorno de aprendizaje adecuado aumentaron la desigualdad educativa.
Las restricciones también intensificaron los riesgos para las víctimas de violencia doméstica. Muchas mujeres quedaron atrapadas con sus agresores sin poder buscar ayuda por las medidas de confinamiento. La falta de previsión del Gobierno en estos casos fue calificada como una grave negligencia por parte de la Comisión de Derechos Humanos.
