Esta semana se han cumplido cuarenta años desde que en junio de 1977 los españoles fueran llamados a las urnas por primera vez tras el régimen franquista. Esas elecciones generales configuraron el primer parlamento democrático encargado de elaborar la Constitución española de 1978, que se aprobaría un año y medio más tarde, el 6 de diciembre de 1978.
El balance que cabe hacer cuarenta años después de aquellas primeras elecciones democráticas es claramente positivo. La transformación de nuestro país ha sido profunda y a mejor. La transición española es estudiada en todo el mundo y puesta como ejemplo de modelo en el que las distintas sensibilidades políticas y sociales cedieron y llegaron a consensos en aras del interés general.
La llegada de la Democracia supuso la apertura de nuestro país en el ámbito político y económico. La integración en organizaciones supranacionales en la que estaban presentes los países de nuestro entorno ha supuesto un relanzamiento a nivel interno y externo que ha coadyuvado en el crecimiento económico experimentado por todo el país. La tangibilidad de este crecimiento económico es palpable, desde el punto de vista macro, en las infraestructuras creadas o en las cifras de PIB o de comercio exterior. A nivel micro, el aumento de la renta per capita de los españoles en el período democrático ha sido notable.
Desde un punto de vista jurídico, la Constitución Española de 1978 es una excelente herramienta de convivencia, pues su calculada ambigüedad en la mayor parte de los asuntos que regula permite la implantación de políticas de distinto signo sin que su esqueleto se resienta. Es ese un aspecto a alabar de nuestro texto constitucional vigente que ha servido para fortalecer nuestra Democracia y dotarnos de un período de estabilidad política y social que no es identificable en otros textos constitucionales de nuestra Historia, utilizados como armas arrojadizas contra el adversario político. No podemos decir que nuestra Constitución actual sea profundamente ideológica. Se concibió como lo que debe ser una Constitución: un marco general de convivencia en el que se respeten los derechos de los ciudadanos y sirva para dar cabida a distintas formas de entender realidades, incluidas las sensibilidades en la distribución territorial del poder, cuestión en la que la Constitución fuese especialmente generosa.
En la actualidad, existen voces que propugnan la reforma de nuestra Carta Magna. Deben ser conscientes quienes así opinan que abrir el melón de la Constitución es abrir el melón de nuestra Democracia. ¿Tienen claro por dónde empezar a hacer los cortes y distribuir las rodajas? Los desafíos que nuestra Democracia tiene planteados en la actualidad se pueden resolver perfectamente desde el texto constitucional vigente sin necesidad de iniciar aventuras que, lejos de resolver problemas, agraven los ya existentes. No me tranquiliza escuchar las propuestas de reforma que algunos “líderes” políticos han planteado recientemente. Me horroriza particularmente oír las sugerencias en materia de distribución territorial del poder, que es uno de los caballos de batalla con los que nos toca lidiar en la actualidad ante la deslealtad institucional que profesan aquellos con los que la Constitución fue más generosa. A aquellos que han propiciado reformas subrepticias del texto constitucional no se les contentará ya con reformas que apuesten por mayor generosidad. Mayor generosidad no cabe si se quiere mantener la convivencia pacífica en igualdad del conjunto de la Nación, que es en la que reside la Soberanía. A esos sólo cabe exigirles el cumplimiento estricto de la Constitución y de las Leyes que la desarrollan y aplicarles las herramientas que dentro del texto constitucional tienen como objetivo básico acabar con comportamientos antidemocráticos y totalitarios.
Una Constitución no es una norma jurídica que deba ser reformada de manera asidua ni precipitada. Lo cual no significa que deba permanecer incólume sine die. Deben darse tres requisitos básicos para llevar a cabo dicha reforma: ideas claras, procedimientos de negociación transparentes y consenso político.
Refórmense algunos aspectos que, probablemente, se han de reformar (ninguno nuclear, salvo la distribución territorial del poder, y en sentido inverso al sugerido), pero cúmplanse esos tres requisitos apuntados, ya que, tras cuarenta años, el objeto sigue funcionando. Lo que fallan son los sujetos. El coche tiene sus componentes estructurales (chasis, neumáticos, frenos y dirección) en buenas condiciones. Quizás pueda hacer falta un cambio de aceite y filtros. Los que fallan son los mecánicos.
Parece que nuestros constituyentes legaron un Ferrari a individuos sin conocimientos de mecánica.
