El miércoles pasado y tras una maratónica sesión que duró casi 22 horas se aprobó en el Senado argentino una ley que la administración del presidente Javier Milei denominó «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» y que contiene los principales lineamientos de lo que será su plan de gobierno. Empezó siendo un proyecto ambicioso y muy abarcativo. Finalmente y tras seis meses de arduas negociaciones y concesiones a distintos actores que incluyó a legisladores y gobernadores de la oposición, se votó una versión más acotada de la antigua «ley ómnibus»; pasó de los 660 artículos iniciales a unos 240.
La norma abarca una gran cantidad de temas de máxima importancia: para empezar, una reforma laboral también reducida tras modificaciones y recortes introducidos por los legisladores. La mencionada reforma contempla muchos de los cambios que el Presidente había impulsado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de diciembre de 2023 que luego la justicia frenó. Sin embargo, se quitaron los artículos resistidos por los sindicatos.
La ley contiene, además, el otorgamiento de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, una práctica habitual que se ha concedido a todos los presidentes que las solicitaron y que le confiere mayor poder de decisión sobre temas que, constitucionalmente, están bajo la égida exclusiva del Poder Legislativo. También se habilitó la privatización de empresas, aunque el Gobierno tuvo que reducir sustancialmente la lista que, en un principio, era de 41 y quedó en apenas nueve.
Otro de los temas centrales de la ley aprobada esta semana es el llamado RIGI (Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones). Este capítulo fue uno de los más polémicos. Mientras el Gobierno lo considera una herramienta clave para atraer capitales que dinamicen la exhausta economía argentina, los críticos afirman que la norma otorga una ventaja importante a las grandes empresas, en particular a las multinacionales, que se les ofrece un amplio e innecesario menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y que perjudicará a las pequeñas y medianas (todas de origen nacional) que hoy generan el 70% del empleo registrado.
Más allá de las opiniones, los resultados de todos los cambios que están en agenda y ahora habilitados por el Congreso Nacional hablarán por sí mismos y la realidad demostrará los beneficios de su implementación. Claramente, el país no soporta más las políticas que lo llevaron a la decadencia de tener la mitad de la población en situación de pobreza y alarmantes carencias en salud, educación y seguridad. La decisión de quebrar el rumbo de decadencia es un hecho esperado por los millones de argentinos que el anarco-capitalista Javier Milei supo interpretar. Hoy tiene en su poder la herramienta constitucional para llevar adelante las ansiadas reformas.
Lo clave de la reciente votación es que el Gobierno, nuevo y con una minoría absoluta en ambas cámaras, logró la aprobación de su ley «madre». Es justo reconocer en este paso, el decidido apoyo recibido de los legisladores del partido del ex presidente Mauricio Macri, sin el cual no se hubieran alcanzado las mayorías necesarias para la sanción.
Pero el miércoles no sólo registra la histórica votación parlamentaria, lamentablemente. Mientras transcurría el debate de los senadores, grupos radicalizados de ultra izquierda provocaron gravísimos incidentes en las inmediaciones del Congreso. Los manifestantes incendiaron coches particulares, bicicletas públicas, containers instalados en la calle, rompieron vidrieras y agredieron a las fuerzas de seguridad arrojándoles palos, piedras y toda clase de elementos contundentes. Uno de los detenidos portaba una granada de guerra. Fueron horas de violencia extrema donde el personal de seguridad puso en riesgo su integridad para defender las instituciones y el patrimonio público.
Ese tristísimo episodio es resultado de 20 años de kirchnerismo que maniató a la Policía y le impidió reprimir el delito mientras alimentó una anomia absoluta. Hoy, el cambio de gobierno trajo consigo el firme propósito de poner las cosas en contexto y que el derecho a manifestarse no implique la toma de la vía pública. Este cambio cultural llevará tiempo, pero es imprescindible volver a encuadrar a la sociedad argentina en los márgenes de un país civilizado y próspero, con reglas de convivencia, porque los habitantes así lo quieren y porque eso también es parte del mensaje a futuros inversores. Nadie va a invertir en un país caótico.
Sin embargo, persiste un clima hostil en el ambiente que, sin llegar a la salvajada del miércoles, también debe ser atemperado. La militancia política más joven ha incorporado gestos de mucha agresividad hacia quienes opinan diferente y este rasgo también preocupa.
Cualquier lector que esté un poco informado del devenir político de la sufrida República Argentina, es consciente del profundo enfrentamiento que vive la sociedad que se fue manifestando a través de los últimos años en el comportamiento del ciudadano común. Desde abrazar el slogan «Que se vayan todos» en adelante, el signo de la época es el profundo descreimiento en su clase dirigente, que no se limita a los políticos; el empresariado, siempre listo a hacer negocios con el Estado, los sindicatos y hasta los medios de comunicación y la misma jerarquía eclesiástica son blanco de durísimas críticas.
Este panorama y el mensaje disruptivo de Javier Milei explican el súbito acceso a la presidencia de la nación de alguien que tres años antes no tenía el más mínimo contacto con la política partidaria.
Parece asomar un rayo de luz entre las nubes para la Argentina. Será necesaria mano firme para enfrentar las fuerzas que rechazan el cambio y una mística que convoque, con templanza y grandeza, al acercamiento entre argentinos. El negocio de dividir para reinar ya lo ha explotado el peronismo durante décadas y está agotado. Es hora de un salto cualitativo hacia una sociedad calmada y con mejores modales porque la convicción no se demuestra en los insultos sino en las acciones orientadas a obtener lo mejor de cada persona. Ese es el próximo desafío.
