En España atravesamos sin duda una dura crisis económica. Pero no es menor la crisis moral. ‘Calumnia, que algo queda’ se ha convertido en norma impune de conducta, un asunto al que debemos poner freno.
Desde hace tiempo, la libertad de expresión enaltecida hasta el límite se ha convertido en arma fundamental de denigración de personas y de conductas en nuestra nación, y de instituciones de todo tipo.
No creo que esta opinión sea personal. Gentes sensatas opinan lo mismo, según me comentan en los últimos tiempos. En la contienda política, en la económica, en el debate social…, incluso en el desarrollo normal de la vida familiar, empresarial, también en determinados medios de comunicación, especialmente en lo que podemos llamar la industria del entretenimiento, y en ámbitos digitales, no poca gente actúa de este modo: todo vale.
Yo acuso, y se concede graciosamente al otro la posibilidad de demostrar su inocencia, y eso en el mejor de los casos.
Naturalmente, la acusación puede no tener fundamentación suficiente, y ser subjetiva y parcial. Pero se lanza la especie, se calumnia, y quítate luego el sambenito de encima. En buena parte de los casos, es imposible.
Los ejemplos de tales conductas podrían multiplicarse. Mencionaré sólo algunos temas, escuetamente, por si son útiles, antes de formular una conclusión final. No pocos se refieren a la Justicia.
– La filtración de expedientes judiciales en España -desde juzgados y tribunales-, se ha vuelto intolerable hace ya años, y más teniendo en cuenta la irresponsabilidad de quienes -sin concluir el proceso- airean aspectos parciales o muy parciales de cualquier investigación. El daño que se produce de este modo a la buena fama es prácticamente imposible de reparar.
– La imputación de personas -que tienen derecho a la presunción de inocencia- les convierte de facto en culpables mediáticamente, por mucho que se utilice el término «presunto».
– La larga e insoportable duración de numerosos procesos de instrucción convierte a la justicia en injusticia, con grave daño para el honor de gentes que han de soportar incluso larga prisión preventiva que debiera ser indemnizada por el Estado. No digo ya cuando magistrados trufados por ideología partidista dictan sentencias sin esperar comisiones rogatorias, por ejemplo.
– La interposición de querellas -denominadas en otros tiempos ‘a la catalana’-, con el fin de denigrar a personas concretas. Algunos nos negamos durante años a dar noticia de ellas, si no eran admitidas a trámite.
– La emisión de productos y programas pseudoinformativos que airean la intimidad de las personas no de modo ocasional, sino nuclear, destrozando familias como primera consecuencia.
– La información incompleta o inveraz (en todo o en parte) sobre empresas, instituciones o personas, que provoca un daño difícilmente reparable. Es el periodismo negativo y morboso que se ha puesto en marcha en los últimos tiempos, y que nadie parece capaz de frenar, salvo poderosos que consiguen ‘dormir’ investigaciones o paralizarlas.
¿Por qué son posibles estos hechos? Las razones son variadas, pero hay una de peso, a mi juicio, y la esbozaba al principio: la jurisprudencia de los tribunales ha convertido la libertad de expresión en un poder omnímodo que todo lo justifica. Incluso la violación de la intimidad personal y familiar. Incluso la violencia y el acoso. Incluso las ofensas a las creencias religiosas, sean cuales fueren; incluso insultos y calumnias hacia empresarios de todos los sectores que han de tomar duras decisiones, respetando al mismo tiempo derechos laborales. La topoderosa libertad de expresión intenta justificar también la propaganda de atentados contra la vida humana como el terrorismo. Incluso la apología de otro atentado a la vida humana, como el aborto, con leyes que legitiman el genocidio de los seres humanos más inocentes. Así podríamos seguir.
Unas cuantas sentencias ejemplares en un sentido diferente -la libertad de alguien termina donde comienza la del otro-, y disposiciones legales oportunas, parecen urgentes para recuperar nuestro deteriorado Estado de Derecho. Y no hablo de leyes mordaza: basta el Código Penal, y una pedagogía cultural que nos incumbe a todos como sociedad civil.
