No es extraño que una de las seis condiciones exigidas por Ciudadanos al Partido Popular para facilitar la investidura de un candidato que les parece todo menos idóneo, se refiera al sistema electoral. Es conocido, y ha sido comentado y criticado hasta la saciedad, que nuestra ley electoral, que combina listas cerradas y bloqueadas, grandes circunscripciones que pueden llegar a tener censos de varios millones de electores y una muy deficiente democracia interna de los partidos, acaba transformando el Congreso de los Diputados y el Senado en un conjunto de grupos de empleados de los respectivos jefes de filas, cuyo vínculo con los votantes es escaso o nulo y cuya función esencial de control del Gobierno y de elaboración de leyes queda gravemente mediatizada. Los españoles desconocen quiénes son sus diputados y diputadas, salvo contadas excepciones, y en un Parlamento con mayoría absoluta de una determinada formación, las Cortes son un mero apéndice del poder ejecutivo. España no es, pues, una verdadera democracia constitucional, sino una partitocracia corrupta en la que una reducida oligarquía mangonea a su gusto los presupuestos y las instituciones del Estado. Dentro de este insatisfactorio esquema, el sistema electoral juega un papel sin duda clave y es uno de los puntos principales de la gran reforma de la Constitución del 78 que los tiempos demandan.

Las modificaciones propuestas por la organización naranja, listas abiertas y mayor proporcionalidad, van en la línea de dar un más amplio poder a los votantes y de mejorar la representatividad, Con el sistema actual, se elige una lista completa, incluso si algunos de sus integrantes son indignos a acémilas, y por supuesto resulta llamativo que un mismo número de sufragios a escala nacional proporcione un número de escaños completamente diferentes. Sin embargo, estas propuestas, bien intencionadas y, hay que decirlo, algo interesadas, no atacan a fondo los notorios defectos del actual método.

Hay que decir, de entrada, que no existe el sistema electoral perfecto, y que sea cual sea el escogido, siempre existirá una tensión dinámica entre representatividad y estabilidad. Del bipartidismo a la sopa de letras, hay un catálogo largo de posibilidades, Ahora bien, lo que nadie puede discutir es que el sistema español creado por la Transición ofrece inconvenientes tan lacerantes que, incluso reconociendo que en este campo el ideal es inalcanzable, es necesaria una reforma que los mitigue.

El caso extremo de máxima estabilidad y mínima representatividad es el mayoritario a una vuelta, tal como se practica en el Reino Unido y en los Estados Unidos. En estos países significativas franjas de votantes quedan habitualmente fuera del Parlamento, aunque, eso sí, el vínculo entre representante y representado es muy intenso y la independencia de los diputados respecto a sus jefes de partido, considerable. La otra cara de la moneda es la proporcionalidad a ultranza, como sucedía en la Italia de la I República, con un Parlamento en el que bullía una miríada de grupos y donde los Gobiernos duraban pocos meses o incluso semanas. Hay otros dos factores a los que atender, el territorial en los Estados federales, y la autonomía de los representantes respecto a las cúpulas de sus partidos.

Al final, ante una ecuación con tantas variables, es obligada una fórmula de compromiso que alcance un equilibrio aceptable entre estabilidad y representatividad, entre separación de poderes y eficacia del Estado, entre independencia de los diputados y viabilidad orgánica de la representación política y entre territorialidad y unidad nacional. Parece evidente que semejante operación no es factible a partir de la improvisación y de las visiones parciales. Su logro aconseja una reflexión seria, una consideración objetiva de los elementos a armonizar y, ni qué decir tiene, un acuerdo lo más sólido posible de una gran mayoría social y política. No es imposible si se enfoca el problema con rigor, seriedad y sentido del Estado. Un sistema mixto a la alemana que conjugue listas nacionales de partido con representantes elegidos por la regla mayoritaria en circunscripciones manejables es una posibilidad interesante. Lo que es seguro es que nuestra actual ley electoral, fruto de unas circunstancias históricas muy concretas y de unos miedos en aquel entonces justificados, ya no sirve para la España de hoy. Es tarea de los políticos y de la sociedad en general acometer su puesta a punto en beneficio dei interés general.