La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció esta semana que su Departamento ha iniciado que el Ministerio la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que elimina los conciertos entre la sanidad privada y pública.
«Desde el Ministerio estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que nuestra sanidad no se venda al peor postor», manifestó, antes de señalar que las nuevas fórmulas de gestión no han supuesto mejoras en la salud de la población, «sino mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas». «Creemos que esta ley es un avance y damos salida a una reclamación de los profesionales y de los ciudadanos«, declaró.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha calificado de «irreal» la intención de gestionar de manera eficiente un Sistema Nacional de Salud sin la colaboración del sector privado. Así, ha considerado que la eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable al agravamiento de la salud de cientos de miles de usuarios al incrementar previsiblemente las listas de espera». «La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación», ha manifestado el presidente de ASPE, Carlos Rus.
El sector privado ve además con preocupación las expresiones «altisonantes e innecesarias» pronunciadas por Mónica García. «Contribuyen a criminalizar la actividad legitima de un sector que siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad y consciente del importante papel que desempeña en la provisión de asistencia sanitaria a los ciudadanos», ha agregado Rus.
En este sentido, recuerda que la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Gestión Pública del SNS le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales.
