Para sorpresa de nadie, el PSC ha pactado con ERC sortear las sentencias judiciales a favor de los derechos de los hispanoparlantes de Cataluña. Sin asomo de rubor, Esther Niubó, consejera de Educación de la Generalidad que preside Salvador Illa, ha anunciado su intención de mantener, usando las añagazas que sean necesarias, la inmersión lingüística obligatoria en Cataluña, en el caso de que el Tribunal Constitucional falle contra ese modelo de discriminación único en el mundo. La postura de la consejera tiene, sin emgargo, una lógica aplastante, si tenemos en cuenta que el acuerdo de investidura prestó especial atención al mantenimiento de un modelo que sus impulsores, ahítos de autoestima, califican como «de éxito». Un éxito apuntalado por una constante coacción y por el apoyo de políticos, periodistas, sindicalistas, comisarios, chivatos y otros colaboradores de un régimen que se dice defensor de la lengua catalana, pero que oculta la marginación de la española.
El régimen se enfrenta ahora a lo que califica como un auténtico drama: el que supondría la aplicación de un exiguo 25% de horas lectivas en español. La declaración de intenciones de la Niubó viene, sin embargo, precedida de un andamiaje legislativo puesto en pie hace tres años, cuando el PSC ya se sumó a ERC, Junts y los Comunes, para evitar la ejecución de la sentencia del 25%. Ahora, todo depende de la polvorienta toga de Conde Pumpido.
Sin pronunciar la palabra maldita, «desobediencia», asesores y publicistas acuden al prontuario de eufemismos y de fórmulas elusivas, alertando del riesgo que supondrían un puñado de horitas en español. Razones tienen para ello, pues en torno a la lengua catalana ha cristalizado un enorme negocio que gana terrenos inesperados. La inmersión ofrece un remanente de profesionales que, eliminada la competencia interna, buscan nuevas salidas. Muchas de ellas, propiciadas por apóstoles del plurilingüismo, que callan como supuestas meretrices invitadas por un ministro socialista a un parador, cuando se les mienta el monolingüismo obligatorio que se impone en Cataluña. Calla también el Gobierno central, que repite las fórmulas de los secesionistas de los que depende su mantenimiento en el poder, desde el que gestiona, cogobernanza mediante, el desmantelamiento nacional, al tiempo que coordina el surgimiento de nuevas naciones no precisamente plurilingües. El catalán, en suma, es un modelo para otros negocios lingüísticos.
La propagada gubernamental, es decir, la de La Moncloa y la de los secesionistas que manejan la región, dicta que se ha restablecido la convivencia en Cataluña. Y probablemente, así sea, pues elección a elección, las fuerzas catalanistas más o menos radicales en las formas, idénticas en el fondo hispanófobo, siguen recibiendo apoyos. En el mantenimiento de esa situación ocupa un lugar central la escuela catalana, en la que se adoctrina a los alumnos, ofreciéndoles una machacona propaganda, siempre en catalán, distribuida por vías más o menos sutiles. Una tupida red de medios de comunicación, capaces de apretar sus filas cuando convenga —recuerde el lector el editorial conjunto de todos ellos cuando vieron peligrar sus viáticos—, remata la faena en un sector de edad más alto, al que se ofrecen tradiciones cuasi telúricas.
Ejecutar la sentencia del mísero 25% pondría en jaque algo más que el entramado del que tantos dependen, y ante el que se postran muchos de los que viven dominados por sus complejos. La ejecución podría ejecutar la presidencia de Illa, pero también, por un efecto dominó, la del propio Sánchez, dependiente de un fugado de la justicia, que exigirá más lamparones en la toga más importante de la democracia que nos hemos dado.
