El PSOE ha hecho del relato una de sus mejores bazas políticas y también mediáticas. Se antoja complejo negar su eficacia en ambos frentes. Un relato en el que la verdad y la mentira se entremezclan en un juego sucio del que la gran perdedora es la democracia. Es la libertad de información uno de sus pilares básicos y, sin embargo, asistimos a un ataque constante y obsceno.
Lo de esta semana con RTVE es el enésimo ejemplo de esta tendencia. El martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Este texto mantiene en una primera votación la necesidad de una mayoría de dos tercios para la elección de sus consejeros, pero introduce la posibilidad de que en una segunda vuelta sea suficiente una mayoría absoluta. Hasta ahora, y por lo menos teóricamente, se garantizaba el equilibrio entre el partido del gobierno y el de la oposición y se huía del sesgo. Con este nuevo decreto, al ejecutivo le bastaría el número mágico de 176 votos, el mismo que suma el llamado bloque Frankestein que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Los dos tercios del Congreso de los Diputados obligaban a los dos grandes a ponerse de acuerdo para que la balanza no se inclinara demasiado hacia uno de los lados.
Así las cosas, el PSOE vuelve a colar un gol a los de Génova 13, a quienes prometió no asaltar las instituciones para garantizar su independencia, cuando lo del CGPJ y su pacto. Lo hace además a través de la ya manoseada herramienta del decreto-ley. Mecanismo al que se aferran para eludir el control del Congreso de los Diputados, cuestión que tampoco sorprende en exceso dado el historial de sus casi cincuenta derrotas parlamentarias en menos de un año de legislatura. Es ferviente de su uso cuando así convenga a pesar de que la Constitución, en su artículo 86.1, establezca que sólo deben emplearse en caso de «extraordinaria y urgente necesidad». Resulta irónico, considerando las prioridades que se aseguran tener con ese lema de «no dejar a nadie atrás». Aquí la urgencia parece ser otra: la de controlar el relato. A diario. Y a todas horas.
No sucumbamos al engaño. El control de las televisiones públicas ha sido un vicio, un objetivo codiciado, por aquellos que se sientan en la poltrona de La Moncloa. No obstante, aunque perdamos la capacidad de asombro ante estas maniobras autoritarias, tampoco debemos restarle importancia. Controlar la narrativa es una de las herramientas más poderosas para distorsionar la opinión pública. Con la manipulación de la línea entre el bien y el mal, con la mentira y la guerra sucia, se desacredita al contrario y se desvía la polémica sobre lo propio. Es precisamente ésta, una de las tácticas que inquieta porque el escuchar a María Jesús Montero advirtiendo de que «saldrán más cosas» o del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sugiriendo que en sus manos hay información capaz de causar daño, son claros avisos dirigidos a quienes se atrevan a cuestionar el relato gubernamental.
Estos días estamos pendientes de los giros de guión relacionados con el viaje de Delcy Rodríguez a Barajas. Ocurrió en los primeros meses de 2020 y por entonces Sánchez afirmaba no tener conocimiento de la visita de la vicepresidente venezolana. Mientras tanto, José Luis Ábalos, tras negar inicialmente cualquier encuentro, admitió posteriormente haberla visto, pero como un contacto casual. Ahora, cuatro años después, un informe de la UCO acredita un intercambio de mensajes de WhatsApp entre el presidente del gobierno y su entonces hombre fuerte, en los que cuatro días antes ya se hacía referencia a la visita. Se definía en los mismos como una reunión privada. Recientemente, en el Vaticano, Sánchez habría pecado calificando el encuentro como una «visita oficial», mientras que ayer, Félix Bolaños lo describió como un evento «privado». Se puede escapar de la verdad expresada verbalmente, pero nunca de la realidad. Los hechos son tercos por mucho que se adorne y se extienda el sermón.
No podemos olvidar el llamado Plan de Acción por la Democracia, así lo han bautizado ellos aunque, si prefieren, podemos apodarlo como Plan de Acción para Amordazar. Un catálogo de intenciones en toda regla. En esta otra trama, aquellos que en otros días se mostraban como defensores del bien común, ahora sólo parecen interesados en proteger su propia historia para resguardarse a sí mismos. Esa narrativa que les impide responder a lo que se les pregunta, lo mismo es aplicable en sesiones de control como en preguntas de periodistas, y sólo les permite soltar propaganda. Qué mejor manera de mantener el poder que controlar la opinión pública, aunque ello suponga el sacrificio de los principios por la conveniencia política.